Sólo dos representantes autonómicos responden a la invitación del Senado para participar en la Comisión General de CCAA
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, recordó hoy que las Cortes Generales han retocado los artículos referidos a competencias en materia hidráulica de todos los estatutos remitidos por los parlamentos autonómicos para su reforma y, en este sentido, manifestó su esperanza de que sea posible alcanzar también un acuerdo sobre esta materia en la reforma castellano manchega.
Durante su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Salgado explicó que los artículos relacionados con el agua han sido objeto de debate en todas las reformas estatutarias aprobadas durante la pasada legislatura y advirtió que la redacción final de los textos en ningún caso coincide con la aprobada por las cámaras autonómicas.
En este sentido, subrayó que en todos los casos fue posible alcanzar un acuerdo sobre la redacción final de estos artículos y recordó que gracias a ello ya se han firmado actuaciones concretas, como las relativas a las competencias andaluzas sobre la cuenca del Guadalquivir.
"La redacción final no ha coincidido en ningún caso con la redacción inicial, pero siempre ha sido posible llegar a acuerdos como espero que sea en este caso", insistió Salgado en alusión al estatuto de Castilla-La Mancha, que fue admitido a trámite este mes por el Congreso y que prevé la derogación del trasvase Tajo-Segura en el año 2015.
La ministra hizo este análisis ante la consejera de Administraciones Públicas y Justicia castellano manchega, Magdalena Valerio, quien subrayó las "expectativas" que tiene puestas la comunidad en el nuevo texto estatutario aunque reconoció que ha generado polémica en el tema del agua.
En este sentido, defendió que Castilla-La Mancha es un territorio "solidario" y así lo ha demostrado "a lo largo de los siglos", pero advirtió de que ahora necesita el agua para su propio desarrollo. "Castilla-La Mancha está creciendo, tenemos legítimo derecho a nuestro desarrollo y prosperidad --argumentó--. Durante décadas hemos sido hijos de la diáspora y ahora tenemos la oportunidad de trabajar y vivir en nuestra tierra, para eso el agua es un elemento fundamental". "Queremos seguir siendo solidarios, pero también queremos ser solidarios con nosotros mismos", insistió.
Por su parte, el senador del PP Manuel Blasco defendió que el tema del agua "no es un problema menor" y lamentó que cada estatuto de autonomía "dice una cosa". De esta forma, acusó al Gobierno de haber derogado el Plan Hidrológico Nacional "sobre el que existía un gran consenso" y haber "fomentado" las diferencias entre comunidades. "Y a Zapatero mientras tanto se le ocurre proponer la creación de una conferencia sectorial sobre agua, el pirómano metido a bombero", ironizó.
COLABORACIÓN ESTADO-CCAA
Durante su comparecencia, Salgado subrayó la necesidad de reforzar los instrumentos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para reducir los conflictos sobre competencias y para ello pidió el esfuerzo de todas las administraciones. Además, recordó que todas las normas aprobadas por el Consejo de Ministros deberán estar acompañadas por un informe de impacto autonómico.
En este contexto, defendió que todos los estatutos de autonomía reformados durante la pasada legislatura han contribuido al objetivo de mejorar la articulación territorial, la actualización de las competencias "en beneficio de los ciudadanos" y "la mejora de las relaciones de colaboración con el Estado".
Además, aseguró que estos nuevos textos han establecido una mejor delimitación de las competencias entre el Estado y las respectivas comunidades, "reduciendo las áreas de posibles conflictos". "Contamos con seis nuevos estatutos que contribuirán a mejorar el bienestar de los ciudadanos en sus comunidades", enfatizó.
La ministra también destacó el esfuerzo realizado por el Ejecutivo para el uso de las lenguas cooficiales en la administración general del Estado y su esfuerzo por "mejorar la accesibilidad y la calidad del multilingüismo", aunque reconoció que "todavía queda camino por andar y problemas por corregir".
La lengua fue además una de las protagonistas de la comisión ya que los senadores autonómicos con lengua cooficial optaron por usar su lengua durante su intervención y reivindicar una mayor presencia de los idiomas cooficiales en las Cortes Generales.
En la comparecencia también intervinieron los representantes de PNV y BNG, Miren Lore Leanizbarrutia y José Manuel Pérez Bouza, respectivamente, quienes reclamaron al Estado la transferencias de las competencias pendientes; y los senadores de Entesa Catalana de Progrés Carles Bonet, de CiU Ramón Alturo; y del PSOE José Ignacio Pérez Sáenz.
POCA PRESENCIA DE CCAA
La Comisión de General de Comunidades Autónomas del Senado tiene la particularidad de que los Gobiernos regionales pueden participar en ella y plantearle cuestiones, siempre que el representante tenga el cargo al menos de consejero.
Sin embargo, a esta convocatoria sólo acudieron la consejera de Castilla-La Mancha y el vicepresidente de Melilla, Miguel Marín, quien advirtió de que la ciudad autónoma iniciará el proceso de reforma de su estatuto de autonomía si no se clarifica la participación del gobierno regional en las políticas activas de empleo y servicios sociales.
La ministra acusó sin embargo al Gobierno de Melilla de querer cesar al responsable de estos servicios en la comunidad "sin que haya justificación para ello" y recordó que el Ejecutivo tiene el mismo pacto de colaboración con Ceuta "sin que haya habido ninguna dificultad de cumplimiento".
Durante su comparecencia Salgado repasó las líneas generales de su departamento y los objetivos que se plantea para los próximos meses y anunció que pedirá su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta para abordar el tema de la financiación local.
Además, anunció la próxima convocatoria de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas para tratar la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea que, según explicó, tiene por objeto "liberalizar y armonizar los mercados de servicios, distribución y comercio en el territorio de la Unión con el fin de garantizar la libre circulación de las empresas entre los estados miembros".
