MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad, presidida por Juan José Güemes, negó hoy que la inspección realizada a la clínica 'Instituto CB Medical Ginemedex' de Madrid, cuya actividad abortista está suspendida desde ayer, estuviera motivada por la operación contra la red de interrupción voluntaria del embarazo ilegal detectada en Barcelona, indicó hoy a Europa Press un portavoz del departamento autonómico.
De esta manera, la Comunidad de Madrid insiste en que la visita del 5 de diciembre a la clínica de la capital fue de oficio, en el marco del Plan de Inspección Sanitaria, que no se centra en clínicas abortistas sino en centros sanitarios en general, se añadió.
En todo caso, llama la atención que el director médico del 'Instituto CB Medical Ginemedex' es el peruano Carlos Morín, en prisión provisional por regentar centros investigados en la ciudad condal por presuntos abortos ilegales.
"GRAVE RIESGO" PARA LAS PACIENTES
La suspensión cautelar ordenada por la Comunidad de Madrid se hizo efectiva ayer y afecta a las interrupciones voluntarias del embarazo que venía practicando la clínica, situada en el número 41 de la calle Zurbano.
La Consejería de Sanidad justificó la medida por existir un "grave riesgo" para la salud pública y ordenó que se precintara el archivo de las historias clínicas. Además, aseguró que esta orden se deriva de una inspección de oficio realizada el pasado 5 de diciembre.
Según el departamento autonómico, los inspectores detectaron "graves irregularidades" en la parte de la clínica destinada a practicar abortos, entre ellas que todos los documentos sobre interrupciones del embarazo están firmados por un ginecólogo, identificado como R.T., que, sin embargo, negó ser el responsable de dichas intervenciones y haber rubricado los expedientes.
Asimismo, comprobaron que un médico psiquiatra que trabaja en la clínica, identificado como M.A.I.D., carece de la correspondiente titulación necesaria para ejercer dicha labor, ya que cuenta con un master en Psiquiatría pero no posee la licenciatura en esta materia.
La Comunidad de Madrid se plantea, además, denunciar el caso ante los tribunales de Justicia, si bien esta decisión aún no se ha materializado.
