Pide que un vicepresidente sea interlocutor único para desplegar el Estatut, y vería "muy bien" que fuera De la Vega
BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura, reclamó que las comunidades autónomas impulsen esta legislatura la celebración de conferencias entre todos sus presidentes sin la presencia del Gobierno, para abordar temas de Estado o para coordinar determinadas políticas entre territorios.
Además, instó al Gobierno a nombrar un vicepresidente que actúe como interlocutor único en el despliegue del Estatut, y a celebrar una reunión con el Ejecutivo en los quince días posteriores a su constitución para fijar una bilateral antes de agosto.
En una entrevista a Europa Press, explicó que las reuniones entre presidentes de comunidades autónomas ya se llevan a cabo en países de carácter federal como Alemania, Suiza y Canadá, en las que las regiones se reúnen tres o cuatro veces al año para tratar problemas y encontrar soluciones comunes.
"No se trata de hacer un frente común en contra del Gobierno, sino de crear un espacio de cooperación en el que podamos aprobar salidas a problemas comunes que son competencia de las comunidades autónomas", subrayó.
Saura explicó que estas reuniones se pueden celebrar en base a la legislación actual, y advirtió que las conclusiones que se extraigan no serían vinculantes aunque tendrían, a su juicio, una gran "consecuencia política".
Recordó que el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, encabezó durante la pasada legislatura dos reuniones entre los líderes territoriales, aunque destacó que es necesario que en España exista un espacio de relación de carácter sólo "horizontal", sin la presencia del Ejecutivo central.
Además, remarcó que la relación del Gobierno con las comunidades debería hacerse en el Senado, como en "todas partes", puntualizó.
No puede ser, según él, que en un país "descentralizado" como España, muchas comunidades con problemas comunes no se encuentren para hablar. "Esto no es un invento mío", espetó.
El también presidente de ICV explicó que son las comunidades autónomas las que convocan, de forma rotatoria, la celebración de estas conferencias en los países donde ya se realizan.
"Un día discuten sobre que hacer con las loterías de los landers alemanes, qué abanico de sueldos pueden cobrar los funcionarios, y otro día hacen una declaración en contra de una ley del Gobierno", destacó.
Por ejemplo, según Saura, sobre aeropuertos, las demandas de comunidades como Valencia, Andalucía y Cataluña pueden ser muy parecidas, algo que se podría exponer en dichas reuniones.
Por ello, propuso que se celebren entre una y tres al año, con la posibilidad de crear subcomisiones en el caso de que algunas comunidades, no todas, quieran abordar entre ellas un problema común.
Por otra parte, el titular de Interior pidió a Zapatero que dé el rango de vicepresidente al ministro que se responsabilice de las negociaciones sobre el despliegue del Estatut, y vio "muy bien" que este interlocutor fuera la vicepresidenta del Gobierno en la legislatura pasada, María Teresa Fernández de la Vega.
"Pueden ser otras personas, pero creo que de la Vega es una persona de una eficacia, trabajo y autoridad comprobada", afirmó.
Saura explicó que, en determinados momentos en la negociación del Estatut, el papel de la entonces vicepresidenta fue clave para "desencallar" algunos aspectos.
También quiso remarcar el "esfuerzo" y la "dedicación" de la hasta ahora ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en este ámbito desde el punto de vista de las relaciones institucionales.
A pesar de su trabajo, añadió que algunos temas no se pudieron conseguir porque no eran de su competencia.
Por ello, reivindicó la figura de un vicepresidente responsable del despliegue estatutario, al destacar que es "muy difícil" que un ministro con igualdad de rango con otro ministro pueda mandarle que tiene que hacer.
HOJA DE RUTA.
El titular de Interior y responsable también de la Bilateral destacó que pedirán mantener una reunión con el nuevo Ejecutivo, una vez se constituya, para marcar la "hoja de ruta" y los temas pendientes a desarrollar sobre el Estatut, sobre los que no se avanzó suficientemente en el último encuentro al acercarse las elecciones generales.
En cualquier caso, exigió para antes del mes de agosto una reunión bilateral que cierre determinados aspectos y marque los objetivos de cara a los próximos tres años.
Para Saura, hay que fijar cuatro objetivos: negociar un sistema de financiación "justo", cumplir con las transferencias pendientes del Estado, modificar ciertos aspectos legales que permitan la participación de Cataluña en organismos como el Consejo General del Poder Judicial o en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que el Congreso sea respetuoso con las competencias que fija el Estatut.
Recordó que el 8 de agosto termina el periodo para negociar una propuesta sobre financiación, y concretó que son 40 las transferencias pendientes del Gobierno.
Aunque destacó que hay algunos acuerdos cerrados en materia de transferencias y que hay que materializar, añadió que hay traspasos pendientes de negociar como el de Cercanías y aeropuertos.
"No pedimos que Zapatero nos regale nada, sino que Zapatero cumpla con la ley", subrayó.
Saura afirmó que si el Gobierno, en la próxima legislatura, no cumple con los grandes bloques del Estatut, se le "pasará factura", y añadió que los ciudadanos "no perdonarán" a Zapatero si no impulsa un buena financiación para Cataluña.
Además, consideró "inaceptable" la posibilidad de que el Ejecutivo espere la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por el PP para empezar a desarrollar el Estatut.
"No me consta", dijo Saura, que destacó que el Estatut es una ley vigente, y que además ya se ha empezado a desplegar sin esperar dicha sentencia.
