22 de octubre de 2019
23 de febrero de 2010

Secretaria de Estado anima al PP a ir al juez si ve "irregularidades" en la ampliación del puerto de El Musel (Gijón)

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, animó hoy al PP, durante la Comisión de Fomento celebrada en el Congreso de los Diputados, a acudir a un "juzgado de guardia" si ve "alguna irregularidad" sospechosa en la contratación y adjudicación de las obras de ampliación del Puerto de El Musel (Gijón), porque la Ley así lo "ampara". Asimismo, destacó que tanto el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, como Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de El Musel, llegaron a un acuerdo para sufragar el sobrecoste de la ampliación, el pasado uno de febrero, por medio de un "mecanismo de financiación crediticio".

Gutiérrez respondió de esta forma a las críticas expuestas por el diputado del PP por Asturias Jaime Reinares, quien cuestionó el sobrecoste de 251 millones añadido al proyecto inicial de ampliación del Puerto de Gijón, lo que supone "un 43% de los 579 millones de euros presupuestados en un inicio", y que deja la cantidad final asignada al proyecto en "830 millones". Por eso, Reinares, se preguntó "si sería bueno que la Fiscalía investigara este expediente en profundidad".

Dicho esto, puso en duda la "voluntad política" del Gobierno para buscar los motivos reales del sobrecoste de la obra e indicó que, ahora mismo, sólo hay "unas obras adjudicadas por 830 millones, con una contratación poco clara y con unos sobrecostes presuntamente escandalosos, que tendrán que pagar los asturianos".

Además, el diputado 'popular' enfatizó el hecho de que no sólo el aumento del presupuesto resulta dudoso, sino también la idea de "pedir a la UE" la financiación de dicho incremento en el gasto. Sobre todo porque la respuesta desde Europa "fue un palo tremendo" que cuestionó el ajuste a la Ley de estas actuaciones y que ha provocado que el organismo europeo "esté analizando las posibles irregularidades de la contratación inicial", explicó.

"Nuestras críticas siempre fueron a la chapuza de la contratación y a la imagen dada frente a la UE, tratando de engañarlos", criticó el diputado antes de considerar que, aun resuelto el problema de financiación, "la rentabilidad económica hay que buscarla" y el gobierno debe analizar y estudiar sus posibilidades, y "no mirar para otro lado" como cuando visitaron el lugar. "Llegaron allí y vieron un cubo de basura que olía mal, y pensaron que había que tratarlo", dijo Reinares.

LA UE CUESTIONA LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Por su parte, la secretaria de Estado aseguró que "todo el trámite del expediente de El Musel se rigió por la Ley de Contratos del Estado" y que, por lo tanto, "la legalidad hay que mirarla en aplicación de esta ley, que es la que rige esa contratación y también el tipo de modificado". "Además, usted ha hecho referencia a la causa básica del desvío presupuestario y la necesidad del modificado correspondiente que prevé la legislación española. Distinto es que la UE cuestione la legislación española, pero eso es todos los días con respecto a las legislaciones de todos los países de la Unión", argumentó.

Asimismo, Gutiérrez refirió que los trámites de adjudicación y realización de la obra se discutieron "ampliamente" en el Parlamento asturiano, "puesto que las decisiones competen a la Autoridad Portuaria" de Asturias. Esto se debe a la Ley de Puertos que aprobó el PP "en el año 1997", que establecía el traspaso de esa autoridad y esa competencia "al ámbito de las CC.AA.".

ACUERDO ENTRE PARTES

Así, la secretaria de Estado recordó al diputado 'popular' que las tres partes implicadas en el proyecto ya llegaron a un acuerdo, el pasado 1 de febrero, "para abordar el tema de la financiación en unos términos beneficiosos, no sólo para el Estado sino también para el Puerto de Gijón".

Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Gijón "han fijado un contrato de crédito por el que se conceden 215 millones destinados a financiar el proyecto modificado de la ampliación". "El plazo de devolución es de 37 años, con siete años de disposición y un periodo de amortización de 30, lo cual permite a Puertos del Estado hacer frente a este crédito mediante una aportación patrimonial a dicho organismo de 215 millones en sucesivas anualidades hasta el año 2015", precisó.

En este sentido, el organismo nacional de puertos "reintegrará" dicha cantidad al Ministerio de Fomento "en la medida que la autoridad portuaria vaya satisfaciendo la cuota de amortización ya establecida", concluyó Gutiérrez, que remarcó que este acuerdo "es un préstamo a devolver y no un dinero a fondo perdido que pagamos todos".