La Cámara Alta dará el visto bueno a la reforma para mejorar las inversiones casi ocho años después de que la aprobasen las Corts
MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
La reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana para ampliar las inversiones del Estado en la región ha iniciado su tramitación en el Senado, donde será revisada por la Comisión General de Comunidades Autónomas ya en febrero. Hasta el día 6 de ese mes, los grupos tienen tiempo para presentar enmiendas y propuestas de veto.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso el pasado 20 de diciembre y llegó al Senado el día 4 de enero, pero su debate no comenzará hasta febrero porque es cuando arranca el periodo ordinario de sesiones en las Cámaras.
La reforma seguirá una tramitación urgente así que todos los plazos se acortarán para que sea aprobada en veinte días. Las enmiendas y vetos se tendrán que registrar hasta el 6 de febrero, plazo improrrogable, y después se producirá el debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Esta comisión es específica del Senado y en ella se discuten los asuntos de carácter autonómico. Tiene la peculiaridad de que en ella se permite el uso de las lenguas que son cooficiales en las comunidades y la participación de representantes de los ejecutivos autonómicos, así como del Gobierno.
Una vez que esta comisión revise y apruebe el proyecto, pasará al Pleno del Senado para su ratificación definitiva. Para cumplir con los plazos de una tramitación urgente, lo más probable es que el Estatuto Valenciano sea aprobado en la sesión plenaria del día 20 de febrero y que esa sea la aprobación definitiva en las Cortes.
CASI OCHO AÑOS DESPUÉS
La reforma se aprobó en el Congreso con la única abstención de Ciudadanos y el voto a favor del resto de grupos, que negociaron enmiendas y consensuaron el texto definitivo, así que es muy posible que no se introduzcan cambios en la tramitación en el Senado. Una vez que salga de la Cámara Alta, será publicada en el BOE y la reforma entrará en vigor.
Se dará luz verde casi ocho años después a una iniciativa que partió de las Cortes Valencianas en marzo de 2011 pero que por distintas circunstancias políticas ha estado paralizada en el Congreso. La reforma del Estatuto Valenciano incorpora lo que en su día se llamó 'cláusula Camps', una disposición adicional para que las inversiones del Estado en esta Comunidad sean equivalentes al peso demográfico de la región.
