MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Senado ha ampliado hasta el próximo 18 de mayo el plazo para que los grupos presenten candidatos al Tribunal de Cuentas para cubrir una vacante, de acuerdo con la petición que hizo este lunes el Grupo Popular al concluir el primer plazo establecido. La única candidatura presentada es la de María Llanos Castellanos a propuesta del PSOE.
El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha confirmado esta ampliación tras la reunión de la Mesa de este martes. El Senado tiene que cubrir la vacante que dejó en enero Lluís Armet, un consejero que fue propuesto por el PSOE por lo que en principio es a este partido al que le corresponde presentar al sucesor y el que ha registrado por tanto su candidatura.
Fuentes del parlamentarias del PP aseguran a Europa Press que la ampliación del plazo se debe a una formalidad; las direcciones de este partido y del PSOE se encuentran negociando cargos en varios organismos además del Tribunal de Cuentas y todos los puestos están ahora sobre la mesa.
Aparte de la vacante en el Tribunal de Cuentas, se negocia el nombramiento de Defensor del Pueblo, que ostenta Francisco Fernández Marugán de forma interina desde el pasado verano; los grupos tienen además que afrontar la designación de un sucesor de Luis María Linde como gobernador del Banco de España (BdE), que debe producirse en junio, o la renovación del consejo de RTVE.
LLANOS CASTELLANOS, ÚNICA CANDIDATA
Hasta el pasado viernes la única candidata a suceder a Lluís Armet era Llanos Castellanos, a propuesta del Grupo Socialista. De 48 años y natural de Albacete, es letrada de profesión y cuenta con una larga trayectoria en la Administración. Desempeñaba desde 2013 un puesto técnico en el Tribunal de Cuentas como Delegada Instructora en la Unidad de Actuaciones Previas de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento.
Precisamente en este puesto fue la instructora designada para investigar la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana contra el ex presidente Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y los ex consejeros Irene Rigau y Francesc Homs por posibles responsabilidades contables en el proceso participativo del 9-N.
