MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Senado aprobó por unanimidad el informe favorable a la disolución del Ayuntamiento de Marbella al entender que la gestión está dañando gravemente los intereses generales. El Gobierno cuenta ya con la opinión favorable de la Cámara Alta, requisito exigido por la ley de régimen local, y espera ahora el informe, también preceptivo, que mañana apruebe la Comisión Nacional de Administración Local. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, recordó que es la primera vez que se recurre a este procedimiento previsto en la legislación.
La razón, esgrimió Sevilla, es "el escenario de excepcional gravedad" en que se ha convertido el ayuntamiento de Marbella, "que debe ser resuelto con medidas excepcionales para atajar de raíz estas actividades". Es una medida en defensa de la Constitución y del interés general, argumentó el ministro, pensada para evitar los "abusos" de quien usa la democracia y el poder público en su beneficio personal.
El ministro también aclaró que la ley prevé la convocatoria de elecciones en tres meses, salvo que el nuevo mandato de la corporación vaya a ser inferior a un año. Aseguró que este será el caso, puesto que ya están previstas elecciones municipales para mayo de 2007. "El Gobierno entiende que deberá constituirse una gestora", expuso. La Diputación de Málaga será la encargada de este proceso.
"No es momento de cálculos electoralistas, sino de aumentar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones", reclamó el ministro.
También respondió Jordi Sevilla a quienes se preguntan por qué no se ha tomado antes esta medida. Reconoció que en 2003 ya existió una solicitud de disolución, pero que ni PP ( en el Gobierno entonces) ni PSOE la aceptaron. "Ha sido ahora cuando la acción judicial ha convertido indicios en imputaciones, detenciones e ingreso en prisión", aclaró.
Repasó la infracción "constante y reiterada" de derechos fundamentales y la gestión de los recursos económicos que supone grave perjuicio a la estabilidad financiera de la corporación. "Esto segundo es especialmente claro, es de enorme dimensión por las finanzas municipales y la desastrosa previsión para el futuro si no se ataja esto", afirmó el ministro que añadió que este tema está provocando alarma social.
LOS MOTIVOS DEL CONSEJO DE MINISTROS
En su intervención ante el pleno, el ministro repasó el texto aprobado por el Consejo de Ministros ayer para justificar su iniciativa y pedir su opinión al Senado; el Gobierno asegura que en Marbella se están cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 61 de la Ley de bases de régimen local para disolver un ayuntamiento: "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".
Se argumenta en el documento que el daño alcanza al interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia urbanística, puesto que los problemas superan el mero término municipal de Marbella; pero también al interés general de la Nación, por la "repercusión negativa" de este caso en la proyección exterior de España y "el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en Marbella".
También respecto al conjunto del país, se justifica en el informe del Consejo de Ministros que se ha creado una "considerable alarma social" en los ciudadanos y que, además, "el cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos, así como el número de cargos públicos municipales imputados y su situación procesal, crean una evidente situación de vacío que afecta al cumplimiento de las obligaciones constitucionales".
"MIRANDO HACIA OTRO LADO"
Por su parte, el PP acusó a la Junta de Andalucía en el pleno del Senado de esta tarde de haber mantenido "cierta connivencia" o "mirado para otro lado" ante los casos de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. "15 años y 30.000 viviendas ilegales pueden hacer sospechar de la connivencia de la Junta", reiteró el senador Joaquín Ramírez desde la tribuna de oradores y tras reclamarle el presidente, Javier Rojo, que retirase lo dicho.
"Me parece que no es ninguna imputación", insistió el parlamentario del PP. Hasta en tres ocasiones le pidió Rojo que retirase su afirmación, que levantó las iras entre los senadores socialistas, los abucheos y las interrupciones. El portavoz del PSOE, Joan Lerma, pidió después la palabra para responder con un titular de prensa: "32 de los 93 cargos públicos que el GIL tuvo en 1999 son hoy militantes populares. No quiero decir nada más".
Y esta intervención provocó a su vez la del portavoz del PP, Pío García-Escudero: "De todos los que ha dicho el señor Lerma ninguno está en la cárcel". De nuevo más aplausos y abucheos. Así concluyó el pleno del Senado de hoy, cuyo último punto del orden del día era la aprobación del informe favorable a la disolución del ayuntamiento de Marbella solicitado por el Gobierno.
Joaquín Ramírez repasó la historia del Ayuntamiento desde 1991 y la situación de la que fuera candidata del PSOE, Isabel García Marcos, hoy en prisión. Expuso que ya ha habido otros intentos de disolución, impulsados por IU y rechazados por PSOE y PP, y concluyó por ello que "todos hemos participado en el fracaso de Marbella".
Sin embargo, dijo a continuación que "la candidata del PSOE es la que está en la cárcel por corrupción y no es lo mismo una cosa que la otra", añadiendo que tras todos estos años "y sólo gobernando el PSOE en la Junta de Andalucía" cabe "sospechar que ha habido una cierta connivencia o que se ha mirado para otro lado".
PORTAVOCES
En general, todos los portavoces del Senado lamentaron tener que decidir hoy sobre la disolución de un ayuntamiento y también reclamaron una reflexión profunda sobre las causas de lo ocurrido.
Joan Lerma (PSOE) expuso que este caso también demuestra que las instituciones funcionan y animó a apoyar la disolución del consistorio marbellí precisamente en defensa de la autonomía local: "En respeto a esa autonomía local y en defensa de los miles de concejales y más de 8.000 alcaldes de España tenemos que actuar", argumentó.
En una línea parecida se expresó el portavoz de CiU, Pere Macias, quien defendió la disolución de un consistorio en reconocimiento al trabajo "abnegado" y sin remuneración de miles de ediles. "A veces dedican lo mejor de su vida, sacrifican trayectorias profesionales y relaciones familiares para dar lo mejor de ellos a la colectividad", dijo. "Que haya unas cuentas ovejas negras no significa que no tengamos un excepcional rebaño y lana de calidad", agregó.
Por parte de la Entesa Catalana de Progrés, Josep María Esquerda pidió una reflexión de cómo se ha llegado a esta situación: falta de control y lentitud de la justicia y de los gobiernos tanto autonómico como central, a los que agradeció la "celeridad" de ahora. Pidió también medidas para evitar "que esto vaya a más" ayudando a los ayuntamientos a tener una financiación adecuada y revisando también la ley de financiación de los partidos políticos. Con este paso, sentenció, "se está haciendo un ejercicio de higiene democrática que es inexcusable".
Para la senadora del PNV Elena Etxegoyen es éste un caso puntual, pero no por ello menos "vergonzante", mientras que el portavoz de Coalición Canaria, José Mendoza, defendió como otros portavoces una reflexión sobre "el trasfondo de todo esto". En una línea similar se expresó el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera.
