20 de agosto de 2019
  • Lunes, 19 de Agosto
  • 4 de junio de 2008

    El séptimo imputado por el derrumbe de una casa en Santa Marina (Córdoba) declara mañana en el juzgado

    CÓRDOBA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

    El representante legal de la empresa de grúas que excavó la zanja que pudo provocar el derrumbe, en febrero de 2007, de una casa en Santa Marina, en el casco histórico de Córdoba, causando la muerte de un matrimonio, está citado como imputado para prestar declaración mañana en el Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba.

    En declaraciones a Europa Press, el abogado de una parte de los familiares del matrimonio fallecido, Eduardo Villarejo, explicó que la declaración de este empresario podrá servir para aclarar las circunstancias en que se ejecutó la citada zanja, como parte de las obras que se desarrollaban en el solar anexo a la casa derrumbada.

    El responsable de la empresa de grúas es el séptimo imputado que pasa por el juzgado que instruye el caso, cuya titular ya imputó a otras seis personas, todas relacionadas con la obra supuestamente causante del derrumbe y, por consiguiente, de la muerte del citado matrimonio: el arquitecto, el aparejador, el capataz y el encargado de la obra, además del representante legal de la constructora y el representante legal de la promotora.

    Sin embargo, aún puede haber un octavo imputado en este caso, si es que el juzgado atiende la solicitud que, en dicho sentido, le ha hecho Villarejo, en cuanto a que también se aplique la condición de imputado al gruista de la obra que se hacía en el solar anexo a la casa y que supuestamente provocó su derrumbe.

    Villarejo aclaró que el gruista ya prestó declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba, y su propuesta es que se le vuelva a tomar declaración, "pero en calidad de imputado, pues, después de la declaración de la arqueóloga de la obra, que presenció una discusión entre el capataz y el encargado de la obra", en cuanto a si se estaba haciendo correctamente una zanja que pudo ser la causante del derrumbe, "se aprecian contradicciones muy claras, y resulta que el gruista también tuvo participación en los hechos de alguna manera".

    Por otro lado, Villarejo también ha pedido al juzgado "que se valoren los daños" de la casa siniestrada, "dado que la prueba pericial ya practicada ha dejado más o menos claro que el derrumbe se produjo porque no se hicieron los bataches correctamente", es decir, que la zanja que se abrió en la obra colindante a la casa derrumbada triplicaba las dimensiones dispuestas por el arquitecto.

    Esto fue algo que ya declaró, como testigo, la arqueóloga, quien aseguró que el día anterior al derrumbe, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2007, "hubo una discusión muy tensa entre el capataz y el encargado de la obra", porque el primero le dijo al segundo "que no se estaba haciendo en las condiciones adecuadas el batache".

    En función del resultado de las pruebas periciales y de las nuevas declaraciones aún pendientes, el letrado aclaró que, "además de la presunta comisión de un delito de homicidio involuntario, se podría estar hablando de otro delito contra la seguridad de los trabajadores", en función de si se adoptaron o no las medidas preventivas adecuadas.

    ANTERIORES DECLARACIONES.

    También prestaron ya declaración ante la jueza que lleva el caso varios testigos, además del arquitecto, el aparejador y el capataz de la obra, éstos tres últimos en calidad de imputados, asegurando una testigo que, poco antes de producirse el derrumbe, ella vio como se estaba trabajando con una máquina, sacando tierra de la zanja en cuestión, lo que se contradice con lo ya asegurado por los obreros, quienes dijeron que dicha máquina estaba con el motor en marcha, pero sin trabajar.

    A esa zanja se refirió también el capataz, quien declaró que él había comunicado a uno de los responsables de la empresa constructora que no estaba de acuerdo con cómo se estaba haciendo la referida zanja, mientras que el arquitecto y el aparejador afirmaron ante la jueza que ellos habían actuado correctamente, dando las instrucciones adecuadas y conforme a lo que determina la normativa.

    También comparecieron ya ante la jueza el representante legal de la constructora y el representante legal de la promotora de la obra, que igualmente prestaron declaración en calidad de imputados, asegurando que nadie les avisó del mal estado del muro de la casa, de 100 años de antigüedad y ubicada en la calle Palomares, que se derrumbó. También dijeron estos imputados desconocer un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de 1997 que alertaba de su deterioro.

    El suceso tuvo lugar pasadas las 8.00 horas del 21 de febrero de 2007, cuando comenzaron a trabajar las máquinas en el solar anexo a la casa luego derribada, en el que se estaban construyendo diez viviendas y algunas cocheras. El matrimonio falleció, mientras que su hijo pequeño sufrió heridas graves, resultando ilesa la hija mayor, que pudo salir a tiempo del inmueble.