La Dirección General de Aseguramiento y Atención al Paciente concluyó que no se podía determinar la existencia de mala praxis
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El actual Defensor del Menor y ex viceconsejero de Sanidad, Arturo Canalda, advirtió el 8 de marzo de 2005 al consejero de Sanidad en aquella época, Manuel Lamela, que las denuncias anónimas contra los médicos de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés por supuesta mala praxis eran "un caso que estaba cerrado" en septiembre de 2003.
La investigación terminó a raíz de un informe de la Dirección General de Aseguramiento y Atención al Paciente que concluyó entonces que no se podía determinar la existencia de mala práctica médica por parte de los médicos de las Urgencias. Esta afirmación también fue refrendada por el Comité de Ética del Hospital de Getafe.
Así consta en uno de los documentos, a los que tuvo acceso Europa Press, aportados por la propia Consejería de Sanidad a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el procedimiento abierto sobre la reclamación de indemnizaciones del doctor Luis Montes, ex coordinador de las Urgencias del Severo Ochoa, y del personal que estaba a su cargo. Lamela decidió destituir a Montes y a su equipo el 11 de marzo de 2005 a raíz de las denuncias anónimas.
Entre otros documentos, el equipo jurídico del doctor Montes utilizará este escrito para sustentar la demanda que prevé presentar contra la Consejería de Sanidad por denuncia falsa. Canalda trasladó el 24 de mayo de 2005 al Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés el informe dictado por un Comité de Expertos nombrado por el entonces departamento de Lamela, en el que se daba cuenta de la existencia de 73 casos de mala praxis médica en el hospital de Leganés.
El documento que revela ahora que Lamela y Canalda tenían pleno conocimiento de que los hechos habían sido ya investigados se refiere a un escrito remitido por el actual Defensor del Menor al ex consejero de Sanidad sobre los antecedentes de las denuncias formuladas. Según el informe, fechado el 8 de marzo de 2005, la Dirección General de Calidad investigó los hechos en 2003 a raíz de un informe del 17 de junio de ese año de la Comisión de Mortalidad del Hospital Severo Ochoa.
El gerente del hospital en aquella época, Jesús Rodríguez Fernández, solicitó a la entonces directora general del Instituto Madrileño de Salud (IMSALUD), Leticia del Moral, una auditoría tras detectar "algunos casos de muerte en posible relación con el tratamiento farmacológico, todos con el propósito de sedación terminal".
PROTOCOLO PARA LAS SEDACIONES
Realizadas las investigaciones pertinentes, según consta en el escrito, los médicos inspectores elaboraron en septiembre de 2003 un informe que concluyó que "no se han encontrado razones objetivas inequívocas que hagan pensar en actuaciones médicas que puedan ser tributarias de tipificación disciplinaria por mala praxis".
Siguiendo las recomendaciones, el director gerente del hospital remitió al coordinador de los servicios de Urgencias un escrito con un protocolo de actuación para la sedación de pacientes en situación terminal. "Hay que tener presente que la sedación de los pacientes en situación terminal se plantea como medida terapéutica cuando el resto de los tratamientos se han mostrado ineficaces, por lo que normalmente es una respuesta al fracaso terapéutico de otras alternativas", rezaba el protocolo.
"Se trata de un hecho que comenzó a investigarse en junio de 2003 y que finalizó el 18 de septiembre de 2003 con un informe elaborado por la Dirección General de Aseguramiento y Atención al Paciente en el que se pone de manifiesto que no se pudo determinar que haya existido mala praxis por parte de los profesionales del hospital", informó Canalda a Lamela, añadiendo que el informe "puede corroborarse con el elaborado por el Comité de Ética del hospital de Getafe que tampoco ha encontrado indicios de mala praxis".
La carta concluyó así: "Todo parece indicar que es un caso que estaba cerrado. En el día de hoy he cursado a la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria un escrito con el fin de que por parte de los servicios de inspección de la Dirección General de Calidad se proceda a investigar los hechos que se detallan en la denuncia anónima que me remites".
DENUNCIAS ANÓNIMAS
El caso de Leganés se inició el 7 de marzo de 2005, cuando el Ejecutivo autonómico tuvo conocimiento de dos denuncias anónimas sobre supuesta mala praxis por una supuesta sedación excesiva de enfermos terminales que fueron remitidas por la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de Madrid y la Asociación El Defensor del Paciente.
Lamela trasladó a la Fiscalía de Madrid estas denuncias, lo que motivó la apertura de diligencias previas. El fiscal solicitó entonces un informe a la clínica médico forense para que se pronunciara sobre las supuestas sedaciones irregulares en Urgencias. La clínica no vio razón para exigir responsabilidades penales.
Al mismo tiempo, el entonces consejero ordenó la constitución de un Comité de Expertos para que emitiera un informe sobre los expedientes de los pacientes fallecidos custodiados anteriormente por el propio hospital.
El Comité dictaminó la existencia de mala praxis médica en 73 de los 400 casos denunciados. El 24 de mayo de 2004, Canalda denunció los hechos ante el Juzgado número 7 de Leganés, que incoó diligencias previas de investigación.
La Consejería basó la denuncia en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".
