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    Silva Sande y el 'Camarada Arenas' serán juzgados el jueves la Audiencia Nacional por atentar contra dos repetidores

    MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

    Los históricos dirigentes de los GRAPO Fernando Silva Sande y Manuel Pérez Martínez, alias 'Camarada Arenas', acudirán el próximo jueves a la Audiencia Nacional, junto a sus compañeros María Victoria Gómez Méndez y Jorge García Vidal, para ser juzgados por la colocación de dos artilugios explosivos en dos instalaciones de comunicación, en las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Valdilecha.

    El fiscal acusa a los cuatro de un delito continuado de daños terroristas --los tres primeros como inductores y García Vidal como autor material-- y solicita para ellos una pena de siete años de prisión.

    Los hechos de los que se les acusa se remontan al 12 de abril de 1998, cuando una llamada telefónica realizada al diario 'El País' alertaba de la colocación de "dos artefactos explosivos" en un repetidor de televisión en Valdilechas y otro en una emisora de radio en Arganda del Rey. "Viva el GRAPO y la lucha armada", concluyó la comunicación.

    Las fuerzas de seguridad averiguaron que ese mismo día se habían producido dos deflagraciones que causaron daños por valor de 2.766,15 euros en el caso de la explosión en la red de antenas de Radio Nacional de España en Arganda y 60.101,21 euros, en el del repetidor del Ejército del Aire en Valdilechas.

    Según el escrito del fiscal, los dos artilugios fueron colocados por Jorge García Vidal, bajo las órdenes de los otros tres procesados, qeu se encontraban instalados en París, en la clandestinidad.

    El 'Camarada Arenas', Silva Sande y Gómez Méndez fueron detenidos en París en noviembre de 2000 y entregados a las autoridades españolas en la primavera de 2004. En los registros realizados en sus domicilios se halló diversa documentación referente a los GRAPO y a sus actos terroristas, así como detonadores y cronómetros.

    El pasado viernes, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 60 años de cárcel impuesta en febrero de 2008 por la Audiencia Nacional al histórico dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande por la muerte de dos guardias civiles en Gijón en 1989, al considerar que no ha existido error en la valoración de las pruebas que lo incriminaron, tal y como sostenía el recurrente.