Los sindicatos policiales llevan al Congreso su preocupación por la 'ley de abusos policiales' del País Vasco

7 de noviembre de 2018

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP han recordado este miércoles en el Congreso su oposición a la conocida como 'ley de abusos policiales' que impulsa el Gobierno del País Vasco por entender que "pretende blanquear la hitoria de la banda terrorista ETA a costa de la imagen y la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Lo ha hecho Ramón Cosío, representante del SUP y portavoz de los cuatro sindicatos policiales en unidad de acción, en la Comisión de Interior del Congreso que aborda la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza'. Al final de su intervención, y una vez repasada la oposición a los aspectos de la reforma de la citada norma, ha recordado la "preocupación" de los policías por la retirada del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central a la 'ley de abusos policiales'.

El portavoz del PNV en el Congreso, Mikel Legarda, ha renunciado a su turno de palabra durante la Comisión de Interior de este miércoles tras la intervención del representante del SUP en unidad de acción. La conocida como 'ley de abusos policiales', que está pendiente del inicio del trámite en el Parlamento vasco, también ha sido criticada por asociaciones de víctimas del terrorismo.

El 11 de octubre jeltzales y socialistas registraron en la Cámara autonómica, de forma conjunta, las modificaciones pactadas con el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de julio para que retirara el recurso de constitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la 'Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999', aprobada en 2016.

La principal causa para que el Gobierno de Mariano Rajoy recurriera la norma ante el Tribunal Constitucional radicaba en la 'comisión de valoración' que debía determinar qué personas habían sido víctimas de "motivación política", lo que, a su entender, invadía competencias de los tribunales.

En el texto reformado y registrado por PNV y PSE-EE, se recogen cambios "puntuales" con el fin de que quede claro que se prima "el interés de las víctimas por encima del esclarecimiento de los hechos o la identificación de los culpables", para evitar la invasión de la competencia del Poder Judicial y "salvaguardar el honor y la presunción de inocencia" de los posibles victimarios.

La pretensión es que la ley "pueda tener una mayor seguridad jurídica y evitar que el Tribunal Constitucional la suspenda". En concreto, las modificaciones afectan a tres artículos y a la disposición adicional sexta. En ellos, se sustituyen expresiones referidas al "esclarecimiento de los hechos" por otras en las que se alude a la búsqueda de la "más completa resolución de los expedientes".

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