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BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha instado a "combatir política y legalmente desde todos los ámbitos y hasta sus últimas consecuencias" la actual ley penitenciaria y ha rechazado que los presos etarras tengan que pedir perdón individualmente y cumplir la legislación, "un esquema de humillación personal y política".
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, y preguntado por la posibilidad de que los reclusos realicen peticiones de perdón, ha apuntado que en la declaración efectuada en diciembre "los presos ya asumen el daño generado". Y ha añadido que "mientras la izquierda abertzale reconoce y respeta a todas las víctimas, el resto de partidos políticos aún no ha llegado a esa posición y miran hacia otro lado cuando se les pregunta".
Barrena ha calificado de "legislación de excepción" la ley penitenciaria y ha asegurado que rechazar las peticiones de presos mayores de 70 años y reclusos enfermos para que se les acerque a sus lugares de residencia, que "se ajustan perfectamente a los requisitos legales", sería "prevaricar" y supondría "una arbitrariedad que debería combatirse política y legalmente desde todos los ámbitos y hasta sus últimas consecuencias".
En esta línea, ha cuestionado "la otra solución": "Plegarse a lo que dice el PP, plegarse a unas exigencias de vulneración de derechos fundamentales, aceptar un esquema de humillación personal y política, que esa es la oferta del PP?". "Jamás. Hay ejemplos de que perseverar y luchar da resultados. Ahí está la sentencia de Estrasburgo y eso es a lo que tenemos que atenernos", ha agregado.
"Es más, cuando estamos hablando de peticiones de presos mayores de 70 años, presos enfermos, presos que están pidiendo el acercamiento a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia, no estamos hablando ni siquiera de eso, porque hay que tener muy presente que la propia ley penitenciaria no habla de ningún tipo de requisito acceder a estas peticiones", ha subrayado.
Barrena ha censurado que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene "una querencia bastante continuada a utilizar la legalidad vigente para servir a unos intereses políticos que son los suyos, y que no son los intereses públicos". "Los intereses públicos son, en este momento, la consolidación de la paz y el proceso de normalización política", ha opinado.
EL PERDÓN
Preguntado por posibles peticiones de perdón por parte de los presos, ha indicado que hay "un mantra sobre este tema" y ha apuntado que, en la declaración efectuada en diciembre, "los presos ya asumen el daño generado" y que la izquierda abertzale, en el documento del Kursaal de hace dos años, "reconoció explícitamente a todas las víctimas sin excepción y, además, manifestó haber tenido falta de sensibilidad hacia algunas víctimas".
"Todo esto es parte de nuestra posición política y, a fecha de hoy, no hemos oído decir nada parecido al resto de partidos políticos que siguen empeñados en el mantra de vencedores y vencidos para ocultar el fracaso del proyecto de España y de 30 años de autonomismo", ha opinado.
De este modo, ha señalado que el que "se ha causado daño y cada parte debe asumir su parte de responsabildiad" es "parte de la posición política de la izquierda abertzale". "La pregunta es el PNV, el PSE, el PP están dispuestos a asumir la suya, a reconocer que la estrategia política que han defendido ha ocasionado víctimas que también necesitan reconocimiento y reparación. De su discurso parece que se desprende que no y que, por lo tanto, les queda camino por recorrer", ha planteado.
En esta línea, ha insistido en que la izquierda abertzale "sigue estando dispuesta" a asumir sus responsabilidades y "que todos lo hagamos nos parece perfecto". "A partir de ahí, pensamos que el resto son intentos baldíos de humillaciones añadidas o seguir utilizando la política penitenciaria para perpetuar los conflictos desde la legislación de excepción", ha señalado.
VERIFICACIÓN
Barrena se ha referido, por otra parte, al trabajo desarrollado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV), cuyos miembros "han dejado constancia de su voluntad de seguir adelante con esa labor que vienen realizando".
Por ello, ha reiterado que "cabría exigir que ese trabajo pudiera llevarse adelante con las condiciones legales, de seguridad y de confianza requeridas por todas las partes y que son necesarias", como ha ocurrido en "otros procesos" en los que "incluso se ha legislado 'ad hoc' para que una comisión de este tipo estuviera legalmente protegida y salvaguardada de cualquier tipo de intervención política o de cualquier otra índole".
De este modo, ha planteado que "lo deseable" es que se les "permita trabajar", ya que el Gobierno español "no desea hacerlo en primera persona" y que "la verificación del armamento de ETA y el sellado de sus depósitos de armas pueda llevarse adelante con la mayor celeridad posible".
En relación a la posible implicación del Gobierno vasco o de la Ertzaintza en este proceso, ha manifestado que "lo que es contemplable es que este tipo de proceso de sellado y verificación se lleve a cabo de una manera acordada por las partes y que dé la máxima garantía a las mismas".
