MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comenzará a deliberar este miércoles a puerta cerrada sobre el recurso presentado por las asociaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de archivar la causa por supuesta desobediencia abierta contra el actual lehendakari, Patxi López; el anterior, Juan José Ibarretxe; el ahora consejero del departamento de Interior del gobierno vasco Rodolfo Ares, y cinco representantes de la izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi, por mantener reuniones coincidiendo con la tregua de ETA en el año 2006, estando Batasuna ilegalizada por sentencia del alto tribunal.
Fuentes del alto tribunal señalaron que existe la posibilidad de que la deliberación no concluya hoy, ya que la Sala puede prolongar el debate durante varios días si lo considera necesario antes de someter este asunto a votación. En caso de llegar a una solución, también es posible que el tribunal adelante el fallo y deje para dentro de unos días la notificación de la sentencia completa.
El Supremo ha designado ponente de la resolución al magistrado Andrés Martínez Arrieta, que será por tanto el encargado de redactar la sentencia de la Sala. El TSJPV decidió el sobreseimiento del procedimiento penal por desobediencia con la oposición de su presidente, Manuel Díaz de Rábago, que emitió un voto particular contrario.
Así, el tribunal vasco decidió archivar la causa con el posicionamiento favorable de los magistrados Anton Subinas y Juan Carlos Benito Butró, que consideraron que no existía acusación legítima por ser la acción penal únicamente ejercida por una acusación popular (las dos asociaciones mencionadas).
Durante el juicio celebrado en Bilbao, tanto la Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, como la defensa de López y Ares, y de los cinco representantes de Batasuna, solicitaron el sobreseimiento en base a la denominada 'doctrina Botín', por la que el TS afirmó que no se podía abrir juicio oral si la causa la promovía la acusación popular, sin que ejercieran la acción penal la Fiscalía o la acusación particular.
Las acusaciones populares ejercidas durante la vista oral por las asociaciones de víctimas, ahora recurrentes, solicitaron penas superiores a los dos años para los participantes en las reuniones, entre los que también se encontraban los miembros de la izquierda abertzale, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan José Petrikorena.
