VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ratificó la pena de cinco años y cuatro meses de cárcel al que fuera encargado de la tramitación administrativa de las nóminas de la Consejería de Medio Ambiente, el funcionario vallisoletano Luis I.S, por gratificar entre los años 2004 y 2005 a su esposa, ama de casa, y a otro empleado público con 10.619 y 3.692 euros, respectivamente, en concepto de servicios contra incendios que nunca realizaron.
En su sentencia, el Alto Tribunal desestimó el recurso interpuesto por el condenado y, por ello, confirmó en todos sus términos la condena dictada por la Audiencia vallisoletana, que consideró como ideólogo de dicha trama a Luis I.S, al que impuso la referida pena privativa de libertad, junto con el pago de una multa de 1.500 euros e inhabilitación por espacio de cinco años para el desempeño de empleo o cargo público, como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro delito continuado de estafa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El fallo condenó igualmente al funcionario Angel C.F, por concertarse con el anterior, a la pena de un año de cárcel en calidad de cooperador necesario del delito continuado de estafa, si bien aplica a ambos funcionarios la atenuante de reparación del daño causado, ya que los dos devolvieron a la Junta de Castilla y León el dinero estafado.
Por contra, el tribunal acordó absolver a Martina C, esposa del principal artífice de la estafa, al no considerar suficientemente probada su participación en los hechos y que estuviera al corriente de los mismos.
La condena impuesta a los dos funcionarios contrasta con lo alegado durante el juicio, ya que ambos se declararon inocentes y negaron haber confesado en su día su culpabilidad al secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, José Manuel Jiménez Blázquez, pese a que éste ratificara que los dos primeros reconocieron su culpabilidad y que se habían concertado para cometer la estafa.
El principal artífice de la estafa, Luis I.S, no sólo se declaró inocente en el juicio sino que además derivó la posible autoría sobre cualquier otro compañero del negociado de nóminas, ya que las claves de acceso al sistema informático, según advirtió, las conocían tanto él como otros tres trabajadores, de ahí que cualquiera de estos últimos pudiera haber gratificado a su esposa y al otro compañero.
El encargado de la tramitación de nóminas de la Consejería de Medio Ambiente explicó que fue su esposa la que en diciembre de 2005 le advirtió de la existencia de varios ingresos atípicos en su cuenta bancaria a los que, según aseguró, no dio importancia puesto que pensaba que se trataba de "horas extraordinarias" atrasadas.
Su cónyuge, un ama de casa que jamás ha trabajado para la Junta, corroboró la versión del anterior y añadió que ella también pensó que el elevado incremento en el saldo de la cuenta obedecía a las muchas horas extra que realizaba su marido, "que incluso alguna vez fue a trabajar escayolado". Ella, tal y como dijo en el juicio, se limitaba a ir a banco y a sacar dinero, "ni más ni menos. Yo no tengo mucha cultura y no sé de estas cosas", se defendió la acusada.
El tercer acusado, Angel C.F, funcionario adscrito en Valladolid al Servicio de Infraestructura para el Tratamiento de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente y cuya nómina fue engordada por Luis I.S. con tres ingresos por importe total de 3.692 euros correspondientes a trabajos contra incendios efectuados en 2005, negó también haberse concertado con él para repartirse luego el dinero y aseguró que se dio cuenta de la situación en diciembre de ese año, aunque también creyó que se trataba de gratificaciones.
"Pregunté a Luis si había habido 'bufandas'--gratificaciones que a fines de año los jefes conceden de forma aleatoria--y éste me respondió que como todos los años", de ahí que, según añadió, no le dio más importancia. "Pensé, ¡ya me dirán qué es esto!. Aunque hasta entonces no había recibido ninguna, alguna vez me tenía que tocar", declaró.
Los hechos fueron descubiertos en enero de 2006 por la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, que puso la situación en conocimiento de la Fiscalía ante las sospechas de que Luis I.S, encargado del negociado de nóminas, hubiera podido incluir de forma irregular como beneficiaria a su propia esposa, Martina C.
Esta carecía de la condición de personal al servicio de la Administración regional y no figuraba en los listados enviados por el Servicio Territorial de Burgos, pese a lo cual había sido incluida en las listas definitivas en calidad de técnico superior adscrita a este último servicio.
La situación fue descubierta durante un "barrido" de perceptores que se efectúa periódicamente para controlar el correcto desembolso de este tipo de gratificaciones y se tradujo, como primera medida, en la apertura de un expediente disciplinario al funcionario implicado, quien desde entonces se encuentra suspendido de empleo y sueldo.
En el curso de las investigaciones se descubrió que el funcionario había realizado una manipulación similar en el listado de León, en el que incluyó al también funcionario y amigo Angel C.F. como beneficiario de gratificaciones por trabajos contra incendios realizados en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2005, pese a que éste tampoco había realizado tarea alguna contra el fuego.
Frente a las peticiones de absolución formuladas por los defensores de los tres acusados, el Ministerio Fiscal había solicitado cinco años y cuatro meses de cárcel para Luis I.S, multa de 9.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante cinco años por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro delito continuado de estafa.
Para su esposa, Martina C.M, y el funcionario Angel C.F, en calidad de cooperadores necesarios, había pedido un año de cárcel por los mismos delitos. En los tres casos, la acusación pública aplicó la atenuante de reparación del daño, ya que todos ellos han devuelto el dinero supuestamente estafado.
Por su parte, la acusación particular, en representación de la Junta de Castilla y León, había pedido para Luis I.S. una pena de cuatro años y siete meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, así como dos años de cárcel y tres de inhabilitación para Angel C.F. y un año de privación de libertad para la esposa del primero, Martina C.M.
(EUROPA PRESS CASTILLA Y LEÓN)
