Rebaja de 8 a 6 años de cárcel la pena impuesta a uno de los dos condenados con ella porque sólo dio identidades de posibles captados
MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 5 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a la colaboradora de ETA Miren Azkarate y rechazó admitir como atenuante el "enamoramiento" planteado por ésta para reducir su pena, al entender que la presencia de un "ánimo amoroso" no afecta al dolo" y que la acusada "conocía que con su conducta prestaba un servicio para la banda terrorista".
En una sentencia hecha pública hoy, el Supremo confirma la primera pena impuesta por la Audiencia Nacional a Arkaitz Lavega a 9 años de prisión por colaborar con la banda armada y deja sin efecto el auto de aclaración por el que le aplicó la agravante de ser funcionario público al ser policía municipal. En cambio, reduce de 8 a 6 años de cárcel la pena que se le impuso a Iker Beristain por el mismo delito, al afirmar que la conducta de colaboración que se le atribuye se manifiesta en "el grado inferior de gravedad".
En este sentido, argumenta que Beristain, uno de los 54 acusados en el 'macrojuicio' que se sigue en la Audiencia Nacional contra el entorno de ETA, se limita a facilitar "la comunicación entre ETA y los colaboradores o a identificar a personas que son susceptibles de captación, sin realizar ningún acto más". Por tanto, concluye que éste presenta "perfiles de menor gravedad" que otras de las conductas descritas, lo que conduce a "la imposición de la pena en la mitad inferior".
La sentencia de la Audiencia Nacional, de diciembre de 2005, también rechazó entonces admitir como atenuante el "amor platónico" alegado por Azkarate para justificar que colaboró con el etarra Fernando Bert Arraechea, a quien entregó en Francia una lista con posibles colaboradores. Según la resolución, Azkarate entregó a Berastain en San Sebastián un sobre que recibió del etarra Bert.
En su recurso de casación, la condenada sostiene que la mayor parte de su participación en los hechos delictivos se produce en suelo francés, lo que determina la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para juzgarla.
Sobre esta cuestión, la sentencia del Supremo precisa que "es evidente que la primera conducta, aún cuando finaliza en Francia, necesariamente viene precedida de la ejecución en España de los actos de información". "La conducta en parte fue ejecutada en España, lo que determina la jurisdicción española para juzgarla", añade.
