MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por el ex presidente de Banesto Mario Conde y otros seis antiguos consejeros del banco, contra la resolución del Banco de España del 28 de diciembre de 1993, en la que acordaba la sustitución del Consejo de Administración de la entidad por la grave situación financiera que entonces atravesaba, y designaba a Alfredo Saenz Abad como nuevo presidente.
En una sentencia hecha pública hoy, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de noviembre de 2002 y la del Ministerio de Economía y Hacienda de febrero de 1994, quienes ya desestimaron el recurso de los ex responsables de Banesto contra la medida impuesta por el Banco de España.
El tribunal argumenta en su resolución que, para proteger "el conjunto de la economía", el Banco de España tiene la potestad de intervenir en las entidades de crédito, cuando éstas se encuentran en una situación "de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia".
Este mismo tribunal ya condenó a Mario Conde el 29 de julio de 2002 por delitos de apropiación indebida, falsedad y estafa en el "caso Banesto", junto con otros cinco responsables del banco, en relación con la operación de retirada de caja de 300 millones de pesetas de la entidad.
En esta nueva sentencia, el tribunal subraya la situación de Banesto en el momento en que se acordó la sustitución de su Consejo de Administración, caracterizada por "un déficit de fondos especiales y unos activos ficticios cifrados en 341.076 millones de pesetas", la "notoria insuficiencia" de sus recursos propios en relación con sus actividades, que requerían unos "ajustes de al menos 455.000 millones de pesetas".
Asimismo, destaca el "aumento notable de la concentración de riesgos superior al legal del 40% de los recursos propios", así como la "acentuada debilidad en la generación de recursos y los importantes saneamientos pendientes". Esta situación, añade, podría producir un "daño" para "los depositantes y acreedores de la entidad, para el sistema general de pagos, para el sector financiero y para la economía en su conjunto".
Por el contrario, los responsables de Banesto calificaban la decisión del Banco de España de "arbitraria", puesto que las cifras barajadas por éste eran "muy superiores" a las auténticas necesidades de saneamiento, "que en el peor de los escenarios serían de 141.237 millones de pesetas".
NO PRETENDÍA DESPLAZAR A CONDE
Por otra parte, el tribunal también rechaza la tesis de varios de los recursos, en los que se arguye que la finalidad del Banco de España era "el desplazamiento del presidente -Conde- y de sus consejeros" y la conversión de Banesto en "una entidad de crédito filial de alguno de sus competidores".
Respecto a esta acusación, la sentencia se limita a constatar que para llegar a esta conclusión, "hubiera sido necesaria una prueba que, aunque no plena, fuera suficiente", y se remite a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que destacaba la "razonabilidad" de la medida "en relación con la situación financiera que atravesaba la entidad".
El Tribunal Supremo también justifica que el Banco de España no realizase, antes de acordar la sustitución, una audiencia con los que entonces eran responsables de Banesto, puesto que "si transcendiese anticipadamente a la opinión pública la medida de sustitución, podría comportar una desordenada e inmediata retirada de los depósitos" del banco.
