MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo revisará el próximo día 23 en vista pública las condenas dictadas hace aproximadamente un año por la Audiencia Nacional contra 21 de los 27 acusados en el juicio seguido contra los responsables de Gestoras Pro Amnistía (apoyo a presos de ETA), informaron fuentes del alto tribunal.
Entre los condenados a la máxima pena por la Audiencia Nacional y cuya condena ha sido recurrida en casación se encuentran el líder e histórico portavoz del movimiento pro-amnistía, Juan María Olano, y los responsables nacionales Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo, a los que se impusieron 10 años de prisión, tres menos de los solicitados por el fiscal Carlos Bautista y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerció la acusación popular.
El tribunal impuso igualmente ocho años de prisión, dos menos de los solicitados por las acusaciones, a otros 18 condenados por el delito de integración en organización terrorista, mientras que absolvió a otros seis, entre los que se encuentran los tres a los que las acusaciones retiraron sus cargos.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional, cuya ponente fue la magistrada Teresa Palacios, la misión del movimiento era "mantener y extender" el concepto de que los reclusos vinculados al terrorismo de ETA son "presos políticos vascos".
Esta orientación, añadía la sentencia, sirve para mantener viva la cohesión de "una militancia" y provoca que para contar con ésta se deje "continuamente en entredicho" la labor del Estado. No obstante la acción de Gestoras no se limita a meras críticas a lo establecido sino que busca "derrocar" al Estado y "la permanencia en el tiempo de ETA", decía también la resolución.
El tribunal descartó que al movimiento le moviera la preocupación por los presos y sus familias y puso como ejemplo la postura de Gestoras ante medidas tales como el arrepentimiento o la reinserción. Mencionaba a este efecto declaraciones efectuadas por el histórico portavoz de la organización, Juan María Olano, en las que éste calificaba estos hechos como "abandono a los intereses del colectivo".
Por contra, Gestoras Pro Amnistía, se dedicaba --según la sentencia-- "a lo que ETA dijo que le correspondía", es decir, "la sensibilización social". "Es claro que para el movimiento ETA no es sólo una facción armada sino que es el frente político por cuanto, según ellos mismos exponen, son sus representantes de esa índole"
La sentencia destaca que es la banda terrorista constituye por tanto el frente de las propuestas políticas y le incumbe la negociación y el diseño de la estrategia general. Los miembros de Gestoras Pro Amnistía conciben a la banda terrorista no sólo como defensor en la lucha por los derechos de Euskal Herria sino "como representante político para el logro de aquellos", señalaba la resolución de la Audiencia.
