Tres vicepresidentes y un ex vicepresidente de la Diputación de Lugo están imputados por el cobro irregular de dietas entre 2001 y 2004
MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo tomará declaración mañana al senador del PP y presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, en relación con la querella presentada contra él por el fiscal al entender que existen indicios de que podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El pasado mes de marzo el alto tribunal admitió a trámite la querella presentada por el fiscal contra Cacharro y nombró ponente al magistrado Julián Sánchez Melgar. En febrero la junta de fiscales del Supremo había acordado por unanimidad instar la retirada de la inmunidad parlamentaria del senador del PP para que fuese imputado por el abono supuestamente ilegal de dietas a los vicepresidentes de la Diputación Provincial.
La querella del fiscal imputa a Cacharro un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental y afirma que "se ha recogido gran cantidad de elementos de convicción que ponen de manifiesto que Cacharro, en su calidad de presidente de la Diputación Provincial de Lugo, impartió órdenes y autorizó los pagos ilegales que son objeto del proceso".
SUPLICATORIO
La investigación fue iniciada por el ex fiscal jefe de Lugo Jesús Izaguirre --actualmente al frente de la Fiscalía de Vitoria--, quien formuló una petición de suplicatorio para solicitar a las Cortes Generales autorización para poder proceder penalmente contra Cacharro Pardo, que al ser senador es aforado. Las pesquisas dirigidas por el fiscal provocaron que fuesen imputados el interventor de la Diputación de Lugo; los vicepresidentes del órgano provincial José Carlos Rodríguez Andina (ex alcalde de Ribadeo), Julio Álvarez Núñez (reelegido alcalde de Quiroga) y Antonio Muíña Pena (reelegido alcalde de Friol); la diputada Fe Rodríguez Rocha (ex alcaldesa de Lourenzá); y el ex vicepresidente de la Diputación Luis Rego Valcarce (ex regidor de Mondoñedo).
Según las investigaciones, entre los ejercicios de 2001 y 2004, recibieron dietas por diversas cantidades por acudir al Pazo de San Marcos, sede de la Diputación de Lugo. El fiscal entendió que la percepción de estas cantidades es ilegal porque los diputados no contaban con dedicación total o parcial a sus tareas, de forma que sólo podrían cobrar por su asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados o por los gastos ocasionados por ejercer sus funciones.
El escrito de la acusación fiscal apuntaba que el Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, establece que "es competencia del presidente de la Diputación Provincial ordenar todos los pagos que se realicen con fondos provinciales".
OPERACIÓN MURALLA.
El fiscal Izaguirre impulsó también la conocida como 'Operación Muralla' por la supuesta adjudicación irregular de obras públicas de la Diputación de Lugo y que supuso el registro del Pazo de San Marcos.
Esta operación condujo a la detención de diez personas, incluidos funcionarios provinciales, acusadas de un supuesto delito de fraude en la adjudicación de asesorías técnicas de la Diputación de Lugo a través de la empresa de ingeniería Senén Prieto y de Setramur. Posteriormente, el fiscal amplió las imputaciones a otras ocho personas, entre funcionarios del órgano provincial, de la Confederación Hidrográfica del Norte y particulares.
Francisco Cacharro Pardo es senador desde 1977 y preside la Diputación Provincial de Lugo desde 1983, aunque no repetirá en este puesto tras las municipales del 27 de mayo porque el PP decidió sustituir su candidatura por la de José Manuel Barreiro. Asimismo, también fue presidente provincial del PP de Lugo, partido del cual se le consideraba uno de sus barones provinciales junto con José Luis Baltar y Xosé Cuiña, al frente del conocido como 'sector de la boina'.
