1 de octubre de 2020
11 de agosto de 2020

El TC apela a respetar la presunción de inocencia del magistrado detenido por violencia de género

El TC apela a respetar la presunción de inocencia del magistrado detenido por violencia de género
El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré. - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido este martes un comunicado en el que apela a respetar el derecho a la presunción de inocencia del magistrado Fernando Valdés tras ser detenido por una denuncia por un presunto delito de violencia de género.

En el comunicado, el tribunal de garantías confirma que Valdés ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda por la presunta comisión de un delito de violencia doméstica y de género, tras lo cual ha quedado en libertad provisional sin fianza.

"Mientras continúe el procedimiento judicial en curso, debe recordarse que el magistrado está amparado en su derecho fundamental a la presunción de inocencia", afirma el organismo.

Valdés fue arrestado este martes por la mañana por agentes de la Guardia Civil en su domicilio del municipio madrileño de Majadahonda y permaneció unas horas detenido, para pasar después a disposición del mencionado juzgado.

Posteriormente, fue puesto en libertad tras valorar la juez el estado de salud y la edad del magistrado (75 años), y teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, según fuentes jurídicas. Además, debido a su condición de magistrado en el tribunal de garantías, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que sólo puede ser investigado por este órgano judicial.

Fernando Valdés (Valladolid, 1945) fue propuesto por el PSOE al Tribunal Constitucional, cargo al que accedió desde 2012 y que debía haber sido renovado hace un año. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de Trabajo en situación de excedencia de la promoción de 1968.

Valdés es uno de los cuatro magistrados, además de ponente, encargados de analizar en profundidad los recursos presentados contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley Mordaza', impulsada por el Partido Popular en 2015.

Por otro lado, ha participado en la reciente sentencia dictada por el Constitucional que exige a los jueces hacer una investigación "suficiente y eficaz" antes de acordar el archivo de denuncias por violencia de género.

Asimismo, ha sido uno de los magistrados que emitieron un voto particular contra la decisión del Pleno del TC de avalar las prisiones preventivas de los ahora ya condenados por el 'procés' independentista en Cataluña.