El TC estima parcialmente el recurso del PP contra los decretos-leyes de Cataluña sobre acceso a la vivienda

Algunas personas encienden botes de humo y despliegan una pancarta en el terrado del edificio de la sede de Haya Real State, inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, en Barcelona.
Algunas personas encienden botes de humo y despliegan una pancarta en el terrado del edificio de la sede de Haya Real State, inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Publicado: jueves, 28 enero 2021 21:39

Señala que no concurre el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" para legislar por esta vía

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), en una decisión unánime, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PP contra el decreto-ley del Gobierno de Cataluña sobre acceso a la vivienda por considerar que no concurre el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" para legislar por esta vía.

El alto tribunal ha examinado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 86 diputados del PP contra el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de "medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda", así como contra otro decreto-ley que lo modifica y contra el acuerdo parlamentario que valida este último.

El decreto-ley 17/2019 busca "mejorar el acceso a la vivienda, fundamentalmente, mediante el incremento del parque de vivienda protegida y de la oferta general de las viviendas en régimen de alquiler", de acuerdo con su exposición de motivos. Entre otras cosas, establece que los grandes tenedores deberán ofrecer un alquiler social antes de emprender acciones legales contra familias que acrediten su situación de vulnerabilidad.

Según ha explicado el TC en una nota informativa, los magistrados han declarado inconstitucionales y, por tanto, nulos una serie de preceptos de dichos textos con "un argumento central y básico consistente en que no concurren los requisitos del presupuesto habilitante que exige el artículo 86.1 de la Constitución Española (CE) para regular la materia sobre las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, resultando insuficiente el rango de la norma".

Este artículo de la CE establece que solo "en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes, y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general".

En concreto, el TC ha declarado nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (inciso "sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42.6"); 2.12, 4.2, 4.5 (inciso "y del apartado 2 de la disposición adicional primera"); 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6; y la disposición transitoria primera del decreto-ley 17/2019.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, ha delimitado la naturaleza de los distintos preceptos impugnados, "siguiendo los reiterados criterios sobre su jurisprudencia en esta materia", para declarar la nulidad de los preceptos impugnados.

PENDIENTE DE OTRO RECURSO

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite el recurso contra la ley instada el pasado mes de septiembre por JxCat, ERC, los comuns y la CUP en el Parlament que limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes, según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano. La normativa fue recurrida por el PP, que considera que estos artículos son inconstitucionales porque Cataluña no tiene competencias para regular el arrendamiento en dichos términos.

Después de su tramitación por lectura única en julio, Ciudadanos y el PP pidieron un dictamen al Consell de Garanties Estatutries (CGE), que concluyó que varios artículos de la ley son inconstitucionales porque Cataluña no tiene competencias para regular el alquiler.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, anunció ya durante el debate de esta ley en el Parlament que su partido recurrirá la norma al TC y está por ver si también lo hará el Gobierno central, lo que provocaría la suspensión inmediata a la espera de que el Constitucional emitiera una sentencia.

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