MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La discusión sobre si son legales los acatamientos poco ortodoxos formulados por algunos parlamentarios a la hora de asumir su escaño, que ha llegado al Pleno del Tribunal Constitucional (TC), no es nueva para este órgano, que en octubre de 2017 rechazó un recurso presentado por el PP contra la negativa de varios parlamentarios vascos a jurar la constitución.
En dicha ocasión dictaminó que "no cualquier acto parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officum" parlamentario resulta lesivo del derecho fundamental" que se invocaba, por lo que inadmitió el recurso del PP, según la providencia dictada en su momento a la que ha tenido acceso Europa Press.
La decisión encomendada ahora a los doce magistrados que integran el tribunal de garantías tiene que ver con este mismo derecho fundamental. Es consecuencia de tres recursos presentados por el PP y Ciudadanos contra los acuerdos adoptados por la Mesa y las presidencias del Congreso de los Diputados y el Senado sobre las distintas fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados durante las sesiones constitutivas de las Cortes en la anterior legislatura, en mayo de 2019.
El asunto iba a ser resuelto en principio por la Sala Primera del tribunal, aunque finalmente ha sido avocado a Pleno por decisión de un grupo de magistrados del sector conservador del TC, dos de los cuales -Antonio Narváez y Ricardo Enríquez- firmaron la providencia que rechazó estudiar el asunto de los acatamientos en el Parlamento de Vitoria, según ha adelantado Infolibre.
Según la citada providencia, la decisión adoptada en su día por la Mesa de Edad del Parlamento del País Vasco, de 21 de octubre de 2016, que aceptó que los diputados nacionalistas obviaran el trámite de acatar la Constitución, "no lesionó el derecho del resto de parlamentarios a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes (artículo 23 CE).
La resolución de 2017 añadía que "conforme a reiterada doctrina constitucional, no cualquier acto parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officum resulta lesivo del derecho fundamental" que se invocaba por el recurso del PP. Decía también que "únicamente tienen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades que pertenezcan al núcleo de la función representativa".
La falta de resolución de los recursos sobre el Pleno de mayo del año pasado por parte del tribunal de garantías motivó que los parlamentarios que fueron elegidos en los últimos comicios generales jurarán o prometieran la Constitución el pasado mes de diciembre sin que el tribunal de garantías hubiera resuelto aún sobre la validez de las distintas fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados.
Los añadidos a la fórmula original volvieron a repetirse en los plenos constitutivos del periodo parlamentario vigente, aunque en esta última ocasión fue Vox la que presentó recurso contra las fórmulas empleadas contra un total 29 diputados de ERC, Bildu, Junts, CUP e incluso Unidas Podemos.
Por el momento el recurso de Vox no está aún sobre la mesa, y el pasado lunes se decidió llevar al Pleno los tres recursos que había pendientes sobre los acatamientos expresados por algunos diputados en mayo de 2019. Para unir este debate al del recurso presentado por Vox, que aún no ha comenzado a tramitarse, antes hay que comprobar técnicamente que las impugnaciones son similares y no merecen debate diferenciado sobre el fondo de todas ellas, han explicado a Europa Press fuentes del TC.
La XIII legislatura, que apenas duró cinco meses, ya tuvo un bronco arranque puesto que diversos diputados acataron la Carta Magna añadiendo a los habituales "sí juro" o "sí prometo" distintas 'coletillas'. "Por la democracia y los derechos sociales", apuntaron algunos diputados de Unidas Podemos; "Por España" dijo el presidente de Vox, Santiago Abascal; o los 'clásicos' "por imperativo legal" que pronuncian siempre los nacionalistas del PNV o los independentistas de Bildu, Esquerra Republicana o Junts.
En la sesión constitutiva del 21 de mayo de 2019, los diputados de Esquerra y Junts, entre los que se encontraban el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los otros tres presos del procés de Junts, prometieron la Constitución por imperativo legal y lo hicieron, además, "con lealtad" al mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Tanto el PP como Ciudadanos pidieron entonces a la Mesa de la Cámara que revisase una a una todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución para certificar que se cumplió el trámite adecuadamente. Pero el órgano rector de la Cámara, con mayoría del PSOE y Unidas Podemos, se reafirmó en la posición de Batet de darlas por válidas. Algo similar ocurrió en el Pleno constitutivo del Senado.
El pasado diciembre la situación se repitió, por lo que Vox recurrió en el TC la toma de posesión de 29 diputados independentistas y de Unidas Podemos por los nuevos añadidos.
Los independentistas prometieron la Constitución "por la libertad de los presos políticos" o "por la república catalana", y expresaron su "lealtad" al mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre otras fórmulas. En el caso de los parlamentarios de Unidas Podemos, el problema es que sus palabras no fueron captadas por los taquígrafos, por lo que Vox no sabe si la 'coletilla' es válida o no.
