MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) pide en su resolución sobre el juicio por el secuestro de Segundo Marey, retenido durante 10 días por los GAL en 1983, aclaraciones sobre la instrucción del sumario del caso realizada por el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Móner, según indicó hoy la defensa de Rafael Vera, el bufete de abogados Cobo del Rosal.
Móner concluyó el 4 de abril de 1997 el sumario del llamado caso Marey, tras año y medio en su poder, con quince personas procesadas, entre ellas el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y el ex ministro del Interior José Barrionuevo, ambos condenados a diez años de prisión por el secuestro del industrial.
Así, en la resolución del TDHE en la que aceptaba dos de los cuatro motivos que adujo la defensa de Vera --"la infracción del derecho de presunción de inocencia" y "la falta de imparcialidad del juez instructor", en este caso, el magistrado Baltasar Garzón--, se solicitan además "aclaraciones" sobre si Móner "recibió algún tipo de declaración a los testigos propuestos por la defensa".
En este sentido, el despacho de abogados Cobo del Rosal defendió hoy que los testigos propuestos por la defensa "fueron rechazados" porque Móner dijo que se "retrasaría la conclusión". Sobre este punto, la defensa de Vera recordó que ofreció al juez "traer a los testigos a Madrid el día que se estableciera" pero éste se negó a ello.
"Fue una simple repetición de lo que hizo el señor Garzón, pero solo con los imputados. La Sala de apelación confirmó el mismo parecer negativo en cuanto a las pruebas propuestas por la defensa de Vera", enfatizó el despacho de abogados.
La resolución del TDHE, que supone la admisión definitiva del recurso presentado por la defensa de Vera ante la máxima instancia europea en materia de derechos humanos, con propuesta de sentencia, reconoce la "lesión moral, personal y profesional" al ex secretario de Estado de Seguridad y da plazo hasta el 3 de julio al Gobierno español "para que complete la indemnización por la injusticia hecha por la Administración de Justicia".
La defensa de Vera recordó además que esa resolución, que no es una sentencia definitiva, sí supone "una especie de avance de lo que será la sentencia, pero que condiciona totalmente a ésta, que no podrá salirse de las conclusiones a las que llega", es decir, la "nulidad de lo actuado en el procedimiento" de este caso y la "presunción de inocencia" de Vera, "que continuará vigente".
