MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración hoy como testigos a la abogada internacional Terri Marsh, ejecutiva para Estados Unidos de la Human Rights Law Foundation, y a una víctima tibetana protegida que abandonó el Tíbet y reside actualmente en Nueva York, en relación con la causa que investiga su Juzgado sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra la población tibetana por distintos miembros del Gobierno chino.
El magistrado iniciará con estas dos declaraciones una ronda de testificales que se prolongará hasta el próximo lunes. La causa, admitida a trámite por el juez en agosto, está dirigida contra el actual ministro de Defensa chino, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
El pasado 5 de agosto, Pedraz aceptó la competencia de la jurisdicción española para investigar los hechos al entender que podrían constituir "delitos de lesa humanidad contra la población tibetana". Según las asociaciones querellantes, las autoridades chinas causaron "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"
Los querellantes aseguran que los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
En su escrito, les imputan "la supuesta acusación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
