VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León ha sido anulado por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que da así la razón a Comisiones Obreras en su recurso contra una normativa que no se atiene al "ordenamiento jurídico", como señala la sentencia, porque no es propio de la Administración regional.
El TSJCyL, tal y como apunta CC.OO. a través de un comunicado recogido por Europa Press, constata que la Junta no cuenta con personal para su ejecución ni implica a la estructura jerárquica de la empresa en su desarrollo.
El sindicato recurrente lleva años luchando para que la Junta de Castilla y León desarrolle un Servicio de Prevencion propio, como exige la Ley, mientras la Administración regional ha preferido optar por un servicio concertado con empresas. Esta sentencia se refiere exclusivamente al Plan de prevención, pero condiciona también la forma de prestar el servicio.
El Alto Tribunal de la Comunidad ha dictaminado que el Plan no se atiene a la Ley ya que la Junta cuenta con más de 250 trabajadores, concretamente supera los 80.000, y con esa cifra debe prestar ese servicio con recursos propios.
En la Comunidad el Plan de Prevencion de Riesgos Laborales de la Administración regional lo desarrollan empresas privadas. La sentencia dice que la Junta "no detalla los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer para desarrollar la actividad preventiva" y que estos detalles determinan la ejecución del Plan.
En la realidad la Junta ha establecido un Servicio de Coordinación y Prevención, pero sólo cuenta con técnicos asesores y de libre designación que no tienen asignadas funciones preventivas, sino de supervisión del servicio externo que efectivamente se presta.
Tras la sentencia, CC.OO. ha vuelto a exigir a la Junta que establezca un Plan de Prevención en el que estén integrados todas y cada una de las estructuras de la Administración por entender que es la única manera de que sea efectivo y cumpla con la normativa vigente, al tiempo que reitera su petición de un servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio de la Administración regional, algo que tampoco se cumple.
