Comenzarán mañana a pasar a disposición del juez Eloy Velasco tras prestar declaración en dependencias de la Guardia Civil
MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La 'Operación Púnica' se saldó ayer con el arresto de un total 17 personas relacionados a la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Todos ellos formaban presuntamente una trama dedicada a la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Sólo en los dos últimos años firmaron acuerdos por valor de 250 millones de euros.
Desde su detención, todos ellos han prestado declaración ante la Guardia Civil y desde mañana comenzarán a pasar a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que no descartan que las declaraciones judiciales se prolonguen hasta el jueves dado el elevado número de detenidos.
Se les acusa de diversos delitos que van desde el blanqueo de capitales, la falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho o tráfico de influencias hasta malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración o incluso organización criminal.
En el centro de la trama figura el que fuera 'número dos' del Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex alcalde del municipio de Valdemoro. Según la investigación seguida por el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO de la Guardia Civil, Granados era la persona que, valiéndose de su influencia, conectaba a los empresarios con alcaldes municipales y cargos públicos a cambio de comisiones.
GRANADOS LA FIGURA CLAVE
Granados dejó la primera línea política en 2007 cuando cesó como consejero de la Comunidad de Madrid. Siguió ejerciendo como senador y diputado autonómico hasta que el pasado febrero dimitió al descubrirse que tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Fue la investigación en torno a esa cuenta la que permitió a la Guardia Civil tirar del hilo hasta descubrir la existencia de esta amplia trama "infiltrada a nivel municipal y regional", según expresó la Fiscalía Anticorrupción.
Entre la rama empresarial destaca la compañía Cofely, dedicada a servicios de eficiencia energética. Los investigadores apuntan a que era "la empresa sobre la que pivotaba buena parte de la trama". La Guardia Civil procedió a registrar durante horas su sede en Madrid y arrestó a su director general, Didier Maurice (de nacionalidad francesa) a su responsable comercial en España, Constantino Álvarez de la Cueva, según han confirmado a Europa Press un portavoz de la compañía. Además fueron arrestados otros dos altos cargos de la empresa.
Hasta seis alcaldes municipales madrileños en activo han sido detenidos en esta operación. Se trata del alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP); el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); el alcalde de Casarubuelos, David Rodríguez Sanz (PP); el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Hernández, del partido independiente Unión Democrática Madrileña (UDMA) y el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP).
COLABORADORES DE LOS ALCALDES
Junto a ellos han sido arrestados algunos de sus más estrechos colaboradores en el Ayuntamiento. Es el caso del jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero López, o el teniente de alcalde y concejal de Hacienda de esa localidad, José Javier Hernández Nieto. En Parla fue arrestado también el concejal de Obras Públicas, Avelino Pérez, o el jefe de gabinete del alcalde parleño, Antonio Borrego Fortea.
También en Móstoles fue detenido el adjunto al concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, a quien se le atribuye haber firmado un contrato en mayo con la empresa Cofely de 72 millones. Sin salir del terreno municipal, también figuran entre los detenidos varios funcionarios como el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro Soto; la ingeniera municipal de Parla, Elena María Fernández Pérez o el técnico municipal de Serranillos del Valle, Marco Durán.
Además de Granados, la trama contaba con otras personas calificadas como "conseguidores" por los investigadores. Es el caso del empresario David Marjaliza, persona cercana al ex secretario general del PP madrileño. Relacionadas con sus negocios también han sido arrestados Ana María Ramírez, Eduardo de la Peña, José Luis Huertas, Antonio Serrano, Antonio Ruiz.
Otro empresario detenido es José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, institución que se encarga de controlar todo el sistema informático de la Administración regional y que depende de la Consejería de Presidencia. Pasó a ocupar ese puesto en 2007 tras ser nombrado por Granados.
CONSEGUIDORES
Las pesquisas también sitúan en este plano de conseguidores al ex alcalde de Cartagena durante la década de los noventa, José Antonio Alonso Conesa y a Alejandro de Pedro Llorca. También ha sido arrestado un ambos detenidos al igual que Francisco Javier Bueno, relacionado con una de las empresas de De Pedro Llorca.
Las detenciones se produjeron mayoritariamente en la Comunidad de Madrid, pero también en León, Valencia y Murcia. La Guardia Civil desplegó para ello 150 agentes entre efectivos de la UCO y unidades territoriales de Seguridad Ciudadana, que sirvieron de apoyo a las detenciones y los registros. En León fue arrestado la figura política en activo más relevante, el presidente de la Diputación, Marcos Martínez y el empresario Francisco Ruiz Valenzuela.
Mientras en Murcia fueron arrestados la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; el jefe de Gabinete del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, y el secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo.
A las 17.30 aún faltaba una persona por detener para completar la lista de los 35 personas a las que la Guardia Civil tiene previsto arrestar, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
