Touriño proclama que carácter nacional supone reconocer la personalidad gallega y pide no "automutilarla"

Actualizado: lunes, 9 octubre 2006 22:00


MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, mantuvo hoy que la inclusión del carácter nacional en el nuevo Estatuto de Autonomía supone "únicamente reconocer la personalidad" de Galicia y, por ello, apeló a que "no asuste el término" para evitar "automutilar o cercenar parte del ser histórico" de la comunidad.

En su intervención en un almuerzo coloquio organizado por el Foro Nueva Economía, Touriño reivindicó ante unos 300 representantes del ámbito político, institucional y empresarial el "incuestionable marcado carácter nacional" de Galicia y se mostró convencido de que "interpreta adecuadamente la aspiración mayoritaria del pueblo gallego a que el Estatuto lo exprese".

Así, subrayó que aspira a un "Estatuto de primera", pero incidió en que esta apuesta se ha de plasmar "sin mimetismos". "Como corresponde a nuestro específico carácter nacional", apostilló, puesto que el nuevo marco autonómico "no puede quedar un ápice por debajo de ningún otro", ni en competencias, ni en derechos ciudadanos, autonomía financiera o reconocimiento de la identidad.

En este sentido, pese a mostrarse "plenamente consciente de las controversias políticas y las desatadas pasiones" que suscita la definición identitaria, el mandatario proclamó: "somos gallegos y españoles, o españoles y gallegos, no hacemos cuestión de un binomio que nos enriquece".

Por ello, advirtió de que la comunidad no está "dispuesta a la automutilación o a cercenar una parte de su ser histórico" y añadió que aspira a recoger en el nuevo Estatuto su "marcado carácter nacional" para dar cuenta de su historia singular, de su lengua y cultura propias y de sus "entrañas".

CONSENSO PARLAMENTARIO

No obstante, aclaró que esta personalidad tiene "vocación de compartir el proyecto de la España plural y, en consecuencia, reclamó de los tres grupos parlamentarios que "abandonen cualquier atisbo de posición numantina" para "intensificar el diálogo y acelerar los trabajos" en la ponencia para "encontrar el denominador común que demanda la sociedad".

En esta línea, advirtió de que "Galicia no puede permitirse un traspiés" en el "avanzado" proceso de reformas estatutarias promovido en todo el Estado y añadió que los propios ciudadanos "no admitirían" este freno "por la desidia o desinterés de sus representantes políticos". "El pueblo gallego es cada vez más consciente de esta tarea de hacer compatible el reconocimiento del carácter nacional con la solidaridad", aseveró.

En consecuencia, asumió el "alto grado de responsabilidad" de la clase política gallega, a la que conminó a "estar a la altura" ante un proceso en el que, según él, existe la "preocupación de que busque un amparo exterior" para retardar la reforma. Al respecto, declaró que tiene "indicios" de que "cada paso que se da, provoca un tirón" al PPdeG por parte de su dirección nacional.

En su opinión, episodios como "estar a la expectativa de qué dice el Tribunal Constitucional" en cuanto al Estatut catalán "no son propios del liderazgo político" y añadió que "en democracia hay que aceptar el mandato de la ciudadanía".

Así, recordó que, tras "perder" legislaturas para reformar el Estatuto, los gallegos otorgaron en 2005 la mayoría a los partidos que apostaban por mejorar el marco autonómico y, por ello, recomendó a los populares que "lo acepten y dejen de contar los votos todos los días y buscar demoras para resolver los problemas". "En este Estatuto sólo habrá un ganador: el pueblo, y un perdedor: los partidos", proclamó.

FINANCIACIÓN

En este sentido, dijo aspirar a un "Estatuto de progreso" que garantice la suficiencia de recursos, mediante un modelo de financiación asentado en los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, para facilitar la cobertura de las necesidades de gasto, reforzar los mecanismos de reequilibrio territorial y corregir el "déficit histórico" que arrastra Galicia en materia de inversión.

Para ello, consideró que el Estatuto debe introducir cláusulas de salvaguarda" en relación con las inversiones del Estado para permitir culminar los grandes proyectos de infraestructuras, "de forma prioritaria el tren de alta velocidad", y "aligerar" el déficit inversor que históricamente ha padecido Galicia".

Al respecto, declaró que el Gobierno central debe destinar a Galicia "no menos de 20.000 millones de euros" en los próximos diez años, puesto que esta demanda supondría "sostener en el tiempo" el esfuerzo que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha previsto para 2007. "Estoy reclamando al actual y a futuros ejecutivos de España un firme compromiso de continuidad", añadió.

En este sentido, preguntado en el coloquio por los 25.000 millones propuestos por el PPdeG, se limitó a apelar a "escapar de la puja" e incidió en que la partida de 2007, que asciende a 1.722 millones, duplica la media destinada por la Administración de José María Aznar y sitúa la comunidad "muy por encima" de su aportación al PIB y de su peso poblacional.

INFRAESTRUCTURAS

Por ello, se mostró convencido de que, en 2010, las "grandes metas pendientes del país se van a lograr", entre las que aludió a la alta velocidad en el Eje Atlántico, a la entrada en servicio de la Autovía del Cantábrico, al "pleno desarrollo" de los puertos de A Coruña, Ferrol y Vigo; y al AVE de conexión con la Meseta, que estará en servicio en el 80 por ciento. "Espero dar cuenta de estos objetivos en cuatro años", aseveró.

De igual forma, reclamó que el sistema atienda al "sobrecoste" que supone la prestación de los servicios públicos fundamentales y "pondere adecuadamente", además del número de habitantes, los factores que encarecen la prestación de servicios, como son la dispersión de población, el envejecimiento demográfico y los gallegos residentes en el exterior.

Además, demandó una reforma del Fondo de Suficiencia, para que desempeñe un "papel decisivo como fiel de la balanza"; y duplicar la cuantía del Fondo de Compensación para "suplir la erosión" de las partidas estructurales en las comunidades de rentas más bajas.