GRANADA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores del Patronato de la Alhambra imputados en el caso sobre supuestas irregularidades en la venta de entradas y control de accesos al recinto monumental consideran que el informe pericial que cifra en 7,9 millones de euros la cantidad supuestamente defraudada entre 2002 y 2005 es "erróneo" y "tendencioso".
Así lo señalaron hoy en rueda de prensa dos de la cincuentena de empleados supuestamente implicados en la causa, Antonio Medina y Eduardo Rodríguez, de CCOO, que negaron en todo momento que existiera fraude alguno y afirmaron que sus abogados estudian emprender acciones legales contra el autor del informe, encargado por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ya que se excede, en su opinión, en valoraciones y está elaborado con ánimo de dañar a los trabajadores.
Según señalaron, en el Patronato Alhambra hay una "falta total y absoluta" de control administrativo "con unos personajes que lo dirigen, unos personajes que acusan para tapar otras cosas que desconocemos a los últimos en administración, que según el perito, hemos ideado un sistema fantástico para defraudar ocho millones. No existe ese dinero".
"Esto parte de un informe estadístico mal hecho. Ninguno de nosotros tiene ocho millones de euros en ningún sitio. Sólo hemos dado nuestro esfuerzo para que el Patronato funcione", dijo Rodríguez, quien señaló que los trabajadores se sienten "como un palestino frente al ejército israelí".
Con la lectura de un manifiesto, los empleados incidieron en que en el informe pericial "no hay referencia alguna" a los conteos realizados en las puertas de los Palacios Nazaríes de 2002 a 2005 ni se ha utilizado ningún dato proveniente o contenido en los mismos a pesar de que esa fue la petición del juez. La investigación "contradice" además, según sostuvieron lo afirmado por el Patronato, que señaló que en 2002 no hubo fraude.
Con respecto a la entrada con billetes falsificados, por la que el perito les imputa a los empleados un quebranto económico de 7,1 millones de euros, indicaron que "no es posible volver a imprimir ya impresas" sin la participación de una persona del centro de control informático, por lo que el volumen del fraude, que según el perito se produjo hasta en 50.900 ocasiones, no es "creíble".
INFORMÁTICOS Y TAQUILLEROS
"Por tanto sólo nos queda la opción de que esta impresión fraudulenta se cometiera con la connivencia entre el personal de taquillas y el personal del centro de control", señalaron los trabajadores, que resaltaron que ninguno de éstos ha prestado declaración como testigo ni como imputado durante la instrucción de la causa, si bien no quisieron "echarles el muerto".
A su juicio, si la pericial hubiera examinado "con detenimiento" el sumario tendría conocimiento del único arqueo "real", del 5 de octubre de 2005, que aclara que en esa fecha no hubo un mayor consumo de billetes que indique la impresión fraudulenta de entradas, y no se utilizaron billetes para imprimir entradas falsas o impresas por un cauce paralelo.
De igual modo, creen "impensable" que "ante la magnitud económica" de lo supuestamente defraudado, casi 8 millones de euros, "no tenga reflejo contable o económico", según aseguraron los trabajadores, que incidieron en que en tres años de investigación "no se han encontrado ni asientos, ni anotaciones, ni cualquier evidencia o indicio que se refiera al pago o compensación a los trabajadores de la Alhambra", que señalan que el informe les ha supuesto una "agravante" para su imagen.
La mayor parte del quebranto económico, unos 7,1 millones de euros, según el perito, se le atribuye a los empleados del Patronato de la Alhambra y el Generalife y el resto por la agencia Daraxatour S.L., unos 765.400 euros, y el guía Francisco Castillo --imputado en el caso y padre de la administradora de la empresa-- y la agencia Wit Travel --unos 67.380 euros-- a través de una sucursal del BBVA, encargada de la venta anticipada de las entradas del recinto durante ese período.
El informe pericial atribuye a la agencia Daraxatour S.L una actuación "clandestina" al reservar, confirmar y cancelar entradas sin ser agencia de viajes ni un agente autorizado por el Patronato. Entre las irregularidades señaladas por el perito se encuentran la adquisición de paquetes de entradas a nombre de agentes autorizados sin su consentimiento o la facturación de paquetes de entradas cancelados.
Indica además que los controladores permitían el acceso al monumento "sin entrada, con entrada usada, con entrada de otros pases horarios, con localizadores fraccionados para varios pases horarios y entradas de otros días". Añade que más de 50.000 entradas fueron sustraídas del almacén del Patronato de la Alhambra y que éstas pudieron ser utilizadas para atender la demanda de Daraxatour y otras agencias.
El juez ha tomado declaración a más de 40 imputados por el supuesto fraude en el control y acceso al recinto monumental de la Alhambra como indiciarios responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y/o daños en el Patrimonio Histórico.
