El Gobierno no pondrá obstáculos para que estos etarras sin reclamaciones regularicen su situación en España
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización terrorista ETA cuenta con alrededor de 500 miembros huidos de la Justicia y, de ellos, unos 200 podrán regresar a País Vasco y Navarra al no tener causas pendientes con la Justicia o las que tenían haber prescrito, según el análisis realizado por los Servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad, al que ha tenido acceso Europa Press.
De ese medio millar de huidos, el 30 por ciento (unos 150) tiene que responder en la Audiencia Nacional por causas graves, otro 30 por ciento han sido condenados por causas leves o están pendientes de ser juzgados y un 40 por ciento más no tienen ninguna causa pendiente o su delito ha quedado prescrito.
Este último grupo de huidos o deportados será el que podrá regresar al País Vasco con mayores facilidades. Algunos de ellos cometieron delitos graves, pero el máximo que fija la Ley para juzgarlos, a fecha de hoy, ha prescrito. Otros aparecieron mencionados en algún sumario y eso motivó su huida, y los hay que aparecieron en investigaciones policiales que finalmente no derivaron en actuación judicial alguna.
El actual Gobierno no pondrá obstáculos para que estos huidos sin causas pendientes regularicen su situación en España, más aún en la nueva situación, tras el anuncio la pasada semana de la banda terrorista ETA de un alto el fuego permanente.
La política para el regreso de exiliados y miembros de ETA sin asuntos pendientes en los tribunales ya fue practicada en 1999 por el Gobierno del Partido Popular, que habilitó una serie de medidas para propiciar la vuelta a España de este colectivo. En 1999, durante la última tregua de ETA, el Ministerio del Interior colaboró activamente con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de aquella época, Eduardo Fungairiño, para elaborar una lista de 304 huidos por terrorismo sin causas pendientes en la Audiencia Nacional.
LA ULTIMA TREGUA.
El Gobierno de Aznar llegó a habilitar entonces los cauces para el regreso de este grupo de terroristas. El 7 de mayo de 1999, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, explicó que estos miembros de ETA podrían dirigirse a las embajadas o consulados españoles en los países donde residía o a la Secretaría de Estado de Seguridad por carta, por teléfono o a través de familiares y amigos. Todo ello bajo absoluta confidencialidad.
Incluso precisó que ya se habían producido "aproximaciones" a través de las embajadas a raíz de hacerse público, por parte del Gobierno, que se iba a tomar la iniciativa de propiciar la regularización de la situación de las personas que estaba fueran del país y que en algún momento tuvieron alguna relación con la banda terrorista.
Tras el anuncio del alto el fuego permanente realizado por ETA el pasado miércoles, las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas dan por seguro que la mayor parte de los etarras sin causas pendientes en la Audiencia Nacional comenzarán a contactar con sus abogados para constatar su situación penal, aunque otros optarán por seguir residiendo en los países donde se han refugiado, ya sea porque han conseguido la nacionalidad o porque se han casado y han formado una familia, principalmente en Centro y Suramérica.
