Ocho formaciones, incluyendo PSOE, PSC, PP y ERC, acumulan una deuda vencida y no pagada de 21,8 millones, con 14,4 millones de intereses
MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Tres de cada cuatro euros que recibieron las formaciones políticas en 2003 por parte de particulares fueron donaciones anónimas sobre las que el Tribunal de Cuentas no puede controlar si cumplen o no la legislación en materia de financiación de partidos, según consta en el informe que la entidad fiscalizadora acaba de aprobar y remitir al Congreso.
El informe, al que tuvo acceso Europa Press, se refiere a dieciocho formaciones políticas, tres de las cuales (CC, EA y ERC) presentaron sus cuentas fuera de plazo, "una demora que en algún caso se aproximó al año". A ello se añade que la mayor parte de las federaciones territoriales de IU no han presentado la contabilidad de su actividad, "circunstancia que adquiere especial relevancia en aquellas donde tienen representación parlamentaria en el ámbito autonómico", y que tanto el PCE como el PNV "no disponen de un inventario anual adecuado de todos los bienes debidamente actualizado y valorado".
Además, el Tribunal de Cuentas vuelve a reprender a los partidos políticos por no desarrollar en toda su amplitud la actividad económico-financiera de sus organizaciones locales, y la no inclusión de las cuentas de su representación en el Parlamento Europeo.
AYUDAS ALEGALES DE CATALUÑA, EUSKADI Y AYUNTAMIENTOS
En el ejercicio de 2003, la financiación pública para funcionamiento ordinario otorgada a los partidos políticos ha sido de 165,1 millones de euros. En este capítulo, el Tribunal de Cuentas señala que los partidos, y en concreto sus grupos municipales, han recibido en 2003 un total de 42,1 millones de euros de parte de las Corporaciones Locales, una subvención no contemplada en la ley de 1987 y que además los partidos no incluyen en las cuentas anuales presentadas. "Es preciso señalar que las operaciones de los grupos de cargos electos forman parte de la actividad del partido, considerado como una unidad económica", se recuerda.
Se vuelve a denunciar las ayudas concedidas por el Gobierno vasco a los partidos con presencia en el Parlamento autonómico, por una cuantía que en 2003 llegó a los 3,6 millones de euros, y las proporcionadas por la Generalitat a las formaciones catalanes, que han ascendido a los 6 millones de euros, recordando que esos recursos no están incluidos entre las fuentes de financiación pública enumeradas en la Ley de 1987.
Entre las subvenciones públicas se incluyen por primera vez en este ejercicio, las asignaciones para gastos de seguridad, por un total de 2,8 millones de euros, tras las modificaciones introducidas por la Ley de marzo de 2003 para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.
La entidad fiscalizadora señala que aquella ley determinaba el carácter finalista de esas ayudas públicas y los criterios de distribución entre los partidos políticos, pero no se ha desarrollado reglamentariamente y no se han concretado, entre otros extremos, la naturaleza de los gastos que se consideran subvencionables, así como el plazo y la forma de justificación, por parte del partido, del cumplimiento de la finalidad de la subvención. A efectos de facilitar su fiscalización, el Tribunal de Cuentas pide un reglamento para resolver ese desarrollo pendiente.
Además, y como consecuencia de las elecciones locales y autonómicas celebradas en el ejercicio 2003, los partidos políticos se repartieron en 2003 unas subvenciones electorales de 51,1 millones de euros.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas cifra en 12,1 millones de euros las aportaciones privadas recibidas por las formaciones políticas, de los que 9,4 millones corresponden a aportaciones anónimas, "para las que, dada su naturaleza, no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona". Eso sí, se ha comprobado que la cuantía total recibida por cada uno de los partidos no ha sobrepasado el límite del 5 por 100 de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado para atender la subvención pública prevista en la citada ley Orgánica.
En cuanto a las aportaciones nominativas, se han respetado con carácter general los requisitos legales salvo en casos puntuales donde no consta el acuerdo adoptado por el órgano social competente para determinadas aportaciones procedentes de personas jurídicas. Se trata de Convergencia Democrática de Catalunya (197.550,61 euros), Federación Convergencia i Unió (22.000 euros), Partido Popular (30.030,36 euros) y Partido Socialista Obrero Español (60.000 euros).
193 MILLONES DE DEUDA
La deuda con entidades de crédito contabilizada correspondiente a la totalidad de las formaciones políticas analizadas suma 193,2 millones de euros, de los que 15,1 millones de euros son intereses. De acuerdo con los estados contables presentados, la deuda vencida total asciende, al menos, a 21,8 millones de euros de principal y 14,4 millones de intereses, distribuida entre ocho formaciones políticas (ERC, EA, IU, PA, PP, PSOE, PSC y UDC).
De las comprobaciones efectuadas se deducen una serie de deficiencias en su registro contable y control interno como "diferencias entre los saldos comunicados por las entidades de crédito y los importes contabilizados, especialmente por los intereses devengados correspondientes a operaciones vencidas; operaciones formalizadas a nombre de miembros del partido cuyos fondos están a disposición del mismo, siendo éste el que atiende a su pago; y existencia de operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos vencidos".
En 2003 se produjo la cancelación de dos operaciones de crédito suscritas por Izquierda Unida con una misma entidad financiera, mediante la formalización de una nueva operación. Como consecuencia de la cancelación de dichas deudas, se ha regularizado parte de los intereses de demora que figuraban contabilizados, por 27.254,86 euros. Por otra parte, esta misma formación ha renegociado la deuda con dos proveedores electorales, obteniendo de los mismos una quita en el pago de la deuda por importe de 105.529,65 euros. El Tribunal de Cuentas destaca que ambas operaciones suponen una "aportación extraordinaria" para IU no regulada expresamente en la Ley de 1987.
Se señala además que cinco formaciones políticas (CDC, EA, PNV, PSC y PSOE) tienen participaciones en el capital de diversas sociedades mercantiles destinadas a la tenencia y administración de bienes inmobiliarios y actividades promotoras de construcción de sedes y locales para uso del partido. El Tribunal de Cuentas considera necesario establecer en la normativa aplicable mecanismos de control sobre la incidencia que las relaciones de las formaciones políticas con las sociedades mercantiles pudieran presentar en su financiación y actividad.
Respecto a las fundaciones de los partidos, se vuelve a lamentar la insuficiente regulación del marco normativo básico de estas relaciones. En el ejercicio 2003, figuran entregas de fondos a fundaciones por un total de 0,9 millones de euros registradas en la contabilidad de seis formaciones políticas (CDC, IC-V, PCE, PSOE, PSC y UDC) y una deuda con una fundación en otra formación (IU), con un saldo final de un millón de euros.
Por último, se señala que, al amparo de la Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en la Guerra Civil, se ha continuado con las devoluciones realizadas por el Estado, afectando a las formaciones políticas ERC, PNV y PSOE, con unos importes de 261.696,07 euros, 285.301,54 euros y 548.296,89 euros respectivamente.
