16 de octubre de 2019
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  • 12 de marzo de 2009

    Tres guardias civiles, un abogado y una contable declaran hoy sobre las facturas de Baena (Córdoba)

    BAENA (CÓRDOBA), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

    Tres guardias civiles, que tomaron parte en la investigación del caso de las supuestas facturas falsas de Baena (Córdoba), el abogado que asistió al empresario que denunció, la contable de dicho empresario y también su hermano, están citados para declarar hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena, que abrió diligencias previas en 2007.

    Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, el cabo y otros dos agentes de la Guardia Civil, que acompañaron al juzgado baenense al empresario que denunció el caso de las facturas, han sido citados a declarar en el mismo juzgado para aclarar, si como afirmó después el empresario, éste fue presionado para que denunciara.

    Sobre ello y también sobre las amenazas que recibió el empresario cuando se retractó, igualmente ha sido citado para prestar declaración el mismo día un hermano del empresario, y también el abogado que asistió al empresario cuando presentó la denuncia ante el juez.

    Finalmente, también está citada en el juzgado baenense la contable del empresario que, a la vez, es la esposa del cabo de la Guardia Civil y cuñada de la concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena María Jesús Muñoz, que está personada en este caso como acusación particular.

    Las diligencias previas por el caso de las facturas las abrió el juzgado baenense en 2007, como pieza separada del caso de urbanismo, que también lleva desde ese año el mismo juzgado. En el caso de las facturas el juez investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y estafa.

    Los imputados en este caso son dos trabajadores municipales, el presidente de una sociedad de cazadores de Baena y dos empresarios, siendo uno de éstos últimos el mismo que denunció en 2007, aunque luego se retractó, el pago de facturas falsas por el Consistorio a varias empresas que, supuestamente, luego devolvían al Ayuntamiento el dinero, sin el IVA, para así obtener trato de favor en adjudicaciones de obras.