MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
Tres vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre ellos su vicepresidente, Fernando Salinas, han pedido al Pleno de este organismo, que se reunirá el jueves, que reclame a Italia "todos los datos disponibles sobre el alcance y objetivo" de las actividades de espionaje a jueces españoles que realizó el Servicio de Información Militar Italiano (SISMI) entre 2001 y 2006, bajo el mandato como primer ministro de Silvio Berlusconi.
La propuesta, que está respaldada también por los magistrados Montserrat Comas y Javier Martínez Lázaro, tiene el objetivo de que el Pleno del CGPJ reclame al Consejo Superior de la Magistratura de Italia y al Ministerio de Justicia de este país la información sobre actividades de espionaje que "afecta a magistrados españoles", así como "las intromisiones llevadas a cabo en su privacidad y sobre las personas afectadas" por estas actuaciones.
El Consejo Superior de la Magistratura italiana aprobó el pasado 4 de julio un acuerdo en el que señala que su Comité de Presidencia abrió en noviembre de 2006 un expediente de tutela de la independencia judicial, "al tener noticias de la aparición de documentos del SISMI que ponían de manifiesto que este departamento había llevado a cabo intromisiones ilícitas en la privacidad de numerosos magistrados". En concreto, el documento apunta que la inteligencia italiana espió entre 2001 y 2006 a un total de 203 jueces de 12 países europeos, entre los que se encontraba el español Baltasar Garzón.
"ATAQUE FRONTAL A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL"
En su petición, los tres vocales consideran "evidente" que las actividades de espionaje tenían como "objetivo específico y expreso" el de "condicionar su posible actividad jurisdiccional", lo que, según recalcan, "constituye un ataque frontal y directo a la independencia judicial, que exige al Consejo General del Poder Judicial, como garante institucional de esta independencia de los jueces y magistrados españoles, adoptar las medidas adecuadas para protegerla".
A este respecto citan la resolución del máximo órgano judicial italiano, que estableció por unanimidad que la finalidad de las prácticas desarrolladas por el SISMI era "condicionar u obstaculizar" la actividad jurisdiccional de los magistrados, "impedirles la participación en organismos supranacionales y delegitimarles por medio del descrédito personal".
Según el Consejo Superior de la Magistratura, en Italia el SISMI actuaba "lesionando, al tiempo que su dignidad personal, el ejercicio autónomo e independiente de la jurisdicción e incidiendo (o intentando incidir) en la formación de la voluntad del órgano de autogobierno e incluso sobre su misma composición".
Los vocales del CGPJ también destacan en su escrito que las actividades de espionaje tenían como principal foco de atención a la asociación Magistrados Europeos por la Democracia y la Libertad (MEDEL), presidida en la actualidad por el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carmona, y de la que forman parte los colectivos profesionales Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.
