Fiscalía pide penas que suman 50 años para los acusados, detenidos en enero de 2005 en Valladolid y Segovia
VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid juzgará a partir de mañana y no hoy, como anunció, a nueve presuntos 'narcos' que fueron detenidos con un kilo de cocaína para los que la Fiscalía vallisoletana solicita penas que en su conjunto suman casi 50 años de cárcel.
El juicio se había anunciado para hoy por error en la comunicación de los señalamientos a los medios de comunicación, aunque la vista está prevista para mañana y el viernes, día 11, según explicaron a Europa Press fuentes de la propia Audiencia.
Así, mañana está previsto que se sienten en el banquillo de los acusados las nueve personas, siete varones y dos mujeres, que fueron detenidas en enero de 2005 en Valladolid y Segovia por su presunta pertenencia a una banda de traficantes de carácter "cuasi familiar" dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en el ámbito de Castilla y León y a la que se incautó entonces un total de 1 kilo de cocaína con una pureza del 54,38 por ciento.
Cuatro de los imputados, Roberto M.B (alias 'Lili'), Jesús del R.M ('Patuso'), Manuel B.M. y Nieves C.R, se exponen a penas de 6 años de cárcel y al pago de multas de 58.000 euros, mientras que para el resto, David B.C, Mario S.S. de la R, Jesús del R.R, Daniel S.G. y Gloria Patricia S.C, la acusación pública solicita condenas de 5 años y multas de 29.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
A excepción de Jesús del R.R, David S.G. y Gloria Patricia S.C, a los que el fiscal considera cooperadores necesarios, los otros seis procesados se encuentran imputados en calidad de autores por un delito de tráfico de drogas del artículo 368 del Código Penal.
Los imputados, vecinos de Los Navalmorales (Toledo), Valladolid capital, Medina del Campo, Navalcarnero y Madrid, llegaron a permanecer tras su detención, en enero de 2005, en el centro penitenciario Madrid V de Soto del Real, a disposición entonces del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, si bien más tarde dicho tribunal se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo, que se hizo cargo finalmente del caso.
COORDINADA POR LA AUDIENCIA NACIONAL
La operación, coordinada por la Audiencia Nacional, se inició el día 12 de enero de 2005 simultáneamente con controles en las inmediaciones del hostal 'Los Arcos' de Ataquines (Valladolid) y la autopista de peaje de Los Angeles de San Rafael (Segovia) y se saldó inicialmente con la interceptación de varios vehículos y la detención de varios individuos, presuntos cabecillas de la banda, y luego por un efecto 'dominó' fue cayendo el resto de integrantes en Medina del Campo (Valladolid) y la capital vallisoletana fruto de distintos registros domiciliarios en ambas localidades y Carpio de Tajo (Toledo).
En el momento de la detención la policía se incautó de un kilogramo de cocaína, 6 gramos de marihuana, cuatro vehículos de gran cilindrada, nueve teléfonos móviles y documentación, 29.700 euros, dos balanzas electrónicas de precisión, una prensa de 30 toneladas utilizada para compactar la droga, un cuchillo de grandes dimensiones, un arma corta simulada, un rifle de aire comprimido, 71 cartuchos de escopeta del calibre 12, 6 cartuchos de arma corta del calibre 9 m.m largo, un aerosol de autodefensa, un scanner, una insignia de la Guardia Civil y distintas agendas.
Las investigaciones se iniciaron tres meses antes tras detectarse la existencia de la referida banda dedicada al tráfico de estupefacientes, sobre todo de heroína y cocaína, que operaba a nivel regional.
Así, el fiscal, basado en las investigaciones policiales y los 'pinchazos' telefónicos efectuados en el curso de las mismas, sostiene que Roberto M.B. ('Lili') y Jesús del R.M. ('Patuso') ejercían labores de 'cabecilla' y 'lugarteniente', respectivamente, de la banda desarticulada. Ambos ya cuentan en su haber con condenas por tráfico de drogas, el primero de ellos de 9 años de cárcel dictada el 28 de junio de 2005.
Inicialmente, la policía llegó a detener a un total de once personas, si bien dos de ellos, el entonces menor de 16 años R.M.R, hijo del 'Lili', y otro joven de 25, F.B.F, han quedado fuera de la presente causa.
JUICIO SUSPENDIDO EN 2007
El juicio tenía que haberse celebrado en 2007, si bien entonces la Audiencia de Valladolid se vio obligada a suspenderlo después de que las defensas de los imputados denunciaran públicamente la inexistencia de un auto judicial por parte del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, de quien partieron las investigaciones, que diera cobertura legal a las escuchas telefónicas que sobre parte de los supuestos implicados realizó la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional.
Ante ello, el tribunal vallisoletano decidió solicitar aclaración al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre si dictó un auto judicial autorizando las escuchas telefónicas.
Aunque las defensas habían pedido al tribunal que dictara una sentencia absolutoria, sin ni siquiera iniciar el juicio, por entender que se vulneró el secreto de las comunicaciones y ello derivó en una nulidad de actuaciones que invalida toda la prueba, la Sala no se pronunció sobre el fondo del asunto y, antes de hacerlo, optó primero por suspender la vista 'sine die' y luego solicitar al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional que aporte una serie de documentos aclaratorios de la situación.
Así, entre la documentación solicitada se incluyen la petición de la policía para intervenir los teléfonos de los acusados, el auto judicial que lo autorizó, la solicitud de prórroga de esas escuchas por parte de la Udyco y el correspondiente auto de Grande-Marlaska que lo permitió.
Una vez recibidos todos estos documentos, si es que existen, la Audiencia vallisoletana resolverá el día 11 de septiembre sobre si procede absolver directamente a los acusados por haberse vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones, tal y como sostienen las defensas, o por el contrario ha de iniciarse juicio contra todos ellos, como así solicita el Ministerio Fiscal, al entender que la investigación no vulneró en modo alguno la legalidad vigente.
