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  • 2 de febrero de 2009

    Tribun.-El alguacil de Villalón (Valladolid) condenado por agresión sexual tendrá que ingresar en prisión el miércoles

    La Audiencia vallisoletana le ha dado 48 horas de plazo para empezar a cumplir la condena, pese a estar recurrida en el Constitucional

    VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El alguacil de Villalón de Campos (Valladolid), Manuel G. del A, condenado en diciembre de 2007 por delitos de agresión sexual y abuso sexual sobre una empleada del servicio de limpieza del Ayuntamiento tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para ingresar en el Centro Penitenciario de Valladolid al objeto de empezar a cumplir los siete años de cárcel que le fueron impuestos por tales hechos.

    Así lo acordó la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, órgano presidido por el magistrado Feliciano Trebolle y tribunal sentenciador que en diciembre de 2007 condenó al alguacil a la referida pena privativa de libertad, además de inhabilitarle por tiempo de la condena para el ejercicio de empleo o cargo público y de obligarle a indemnizar a la víctima en la cantidad de 12.000 euros.

    La sentencia, ratificada a finales del pasado año por el Supremo, se encuentra igualmente recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que había llevado a la Audiencia vallisoletana a suspender su ejecución hasta el día 2 de febrero a la espera de que dicho órgano se pronunciase sobre la conveniencia o no de tal suspensión en tanto en cuanto resuelve si hubo o no vulneración de derechos fundamentales.

    POR SU VOLUNTAD O POR LA FUERZA

    Sin embargo, y en ausencia de respuesta por parte del Constitucional, la Sección Segunda de lo Penal que preside Trebolle, reunida hoy, acordó, mediante providencia, dejar sin efecto la suspensión de la condena y fijar para este próximo miércoles, día 4 de febrero, la fecha límite para que el alguacil ingrese voluntariamente en la cárcel para empezar a cumplir la pena, apercibiéndole de que en caso contrario será conducido al centro penitenciario por la fuerza, a través de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

    El caso del alguacil de Villalón costó recientemente el puesto de alcalde de la localidad al popular Javier Mazariegos, por haber pedido para el primero el indulto al Rey y, además, por haber realizado en su favor determinadas declaraciones en las que arremetió contra la Ley de Violencia de Género y la sobreprotección que, a su juicio, tenían las mujeres.

    Los hechos por los que fue condenado Manuel G. del A. se remontan al año 1997, que fue cuando la víctima, M.L.D.S.P, empleada del servicio de limpieza en el Ayuntamiento de Villalón de Campos (Valladolid), comenzó a recibir del acusado requerimientos de índole sexual, tales como poner películas pornográficas mientras ella limpiaba la biblioteca.

    En ese contexto, el condenado se bajó en ocasiones los pantalones y se masturbó en presencia de la trabajadora, a la que solicitó que se dejara sodomizar y propuso mantener relaciones sexuales en la oficina del piso superior, bajo la amenaza de hacer lo posible con echarla del trabajo si decía algo.

    En uno de estos episodios, en noviembre de 2002, la trabajadora mantuvo que mientras limpiaba el sótano el alguacil se presentó con el pene fuera y tras soltarle "¡me cago en Dios, que me la chupes!", la acorraló y la introdujo a la fuerza el miembro en la boca hasta eyacular.

    Quince días después, a finales de ese mismo año, la víctima se hallaba limpiando la oficina de Cruz Roja sita en el piso superior del Consistorio, momento en que el alguacil la introdujo en el baño, le bajó los pantalones y se masturbó eyaculando entre sus piernas, al no acceder ella a la solicitud de que se la chupara ni lograr penetrarla, pese a intentarlo, ya que se resistió.

    Además, la limpiadora acusó a su superior jerárquico de haberla amenazado en diciembre de 2002 con lanzarla por la ventana cuando se encontraba subida a una escalera realizando su trabajo.

    Las acusaciones pública y privada habían solicitado una pena global de 14 años de cárcel para el funcionario, y tan sólo discreparon en el capítulo indemnizatorio, ya que el fiscal solicitó 12.000 en favor de la víctima y la acusación particular 30.000 euros, mientras que el defensor del imputado solicitó una sentencia absolutoria.