MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El tribunal del 11-M concretó hoy, a través de un auto de aclaración, que la indemnización correspondiente a los "grandes lesionados" por las secuelas recibidas durante el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid es de un total de millón y medio de euros y no de 900.000 como figuraba en el desglose final de la sentencia, por error.
Estos grandes lesionados se encuentran agrupados en la sentencia en el llamado grupo 12 que sólo incluye a siete personas que recibieron heridas muy graves en las explosiones de los trenes de cercanías.
Los tres magistrados que componen el tribunal --Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás-- incluyen, además, en el auto, hecho público hoy concreciones sobre secuelas específicas atribuidas a determinadas víctimas y que no fueron incluidas en su resolución.
El tribunal incluye también a una víctima que no figuraba en el fallo original, Helmer Ariel Clavijos, que sufre una reacción de estrés agudo y trauma acústico leve.
El auto subsana errores de la sentencia como la confusión en un número de una de las tarjetas utilizadas por los suicidas de Leganés, un nombre equivocado atribuido a un hermanastro del acusado Jamal Zougam o la relación errónea de hermanos entre Mohamed y Youssef Belhadj.
La notificación de este auto abre el plazo concedido a las partes para anunciar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su intención de recurrir la resolución, que será de cinco días hábiles a partir de hoy.
El auto contesta a las defensas y acusaciones que han ido presentando recursos de aclaración desde que la sentencia se hiciera pública el pasado 31 de octubre, y aclara o complementa algunos puntos del fallo.
En total, las defensas que solicitaron aclaraciones fueron las de los procesados Raúl González Peláez, Rafa Zouhier, Emilio Llano y Mahmoud Slimane Aoun. Además, las acusaciones populares y particulares pidieron numerosas concreciones relacionadas con las indemnizaciones concedidas a las víctimas que representan.
El Ministerio Fiscal solicitó al tribunal que se accediera a lo solicitado por los lesionados "revisándose su situación".
ATENUANTE DE COLABORACIÓN
Entre las distintas solicitudes destaca la realizada por el abogado defensor de Rafa Zouhier, Antonio Alberca, que pidió al tribunal que complementara la sentencia teniendo en cuenta que él había instado durante la exposición de conclusiones definitivas ante el tribunal que se aplicara a su cliente "la atenuante de colaboración y arrepentimiento prevista en el artículo 579.3 del Código Penal".
En su auto los tres magistrados concretan que si bien es cierto que la sentencia omite en los antecedentes de hecho esta petición, la solicitud queda desestimada "tácitamente" en la resolución.
Zouhier fue condenado a 10 años de prisión por un delito de suministro de sustancias explosivas.
Además, el escrito aclara las cuestiones planteadas por otras defensas relativas al pago de las costas y especifica que se atribuirán "proporcionalmente", es decir, se dividirán en tantas partes como delitos se hayan imputado al conjunto de los procesados y cada condenado responderá del pago de tantas partes como delitos por los que haya sido condenado.
INDIGNACIÓN DE LA AVT
Tras la notificación del auto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) --una de las acusaciones populares personadas en el proceso-- mostró su "indignación" en relación con la indemnización atribuida a determinadas víctimas.
La asociación reclamaba que la fijación de las indemnizaciones fuera fijada en ejecución de sentencia, es decir tras una nueva evaluación de la condición física y psicológica de las víctimas previa a la sentencia firme que dictará el Tribunal Supremo en respuesta a los recursos presentados.
Según señalaron a Europa Press fuentes de la AVT, al rechazar esta pretensión el tribunal "cierra las puertas a las víctimas", puesto que muchas de ellas "se lo pensarán" a la hora de recurrir las cantidades ante el Supremo. De ser rechazadas, estas acusaciones podrían ser condenadas a pagar las costas por lo que saldrían "claramente perjudicadas".
La AVT expuso el caso concreto de Ignacio González de Castro, un joven de 32 años que sufre secuelas psíquicas por el atentado después de que, tras las explosiones, se quedara en la estación de El Pozo y apagara el incendio del tren con un extintor. Según la asociación el joven sufre aún muy duras secuelas y califican de "canallada" que únicamente se le haya fijado una indemnización de 70.000.
