ESPARREGUERA (BARCELONA), 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de los hermanos Sánchez Justo y el Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona) por la caída en el año 2000 del puente de la carretera N-II que provocó la muerte de dos personas y dos guardias civiles que trabajaban en las labores de rescate.
El consistorio lamenta los "impedimentos" que el Ministerio de Fomento y los tribunales han presentado durante todo el proceso judicial y reclama de nuevo que se "depuren" responsabilidades por lo sucedido.
El puente de la N-II a su paso por Esparreguera se hundió el 10 de junio de 2000 después de unos días de fuertes lluvias. El siniestro provocó la muerte de los hermanos Sánchez Justo, que en esos momentos circulaban con su vehículo en dirección a su puesto de trabajo. Durante el rastreo de los cuerpos en el fondo de la riera de Magarola murieron también dos guardias civiles.
Durante el proceso judicial, la familia y el Ayuntamiento han reclamado repetidamente que se revise el proyecto de construcción del puente y han rechazado que su hundimiento se debiera exclusivamente a las fuertes lluvias caídas durante aquellos días. Sin embargo, el juzgado de Martorell y la Audiencia de Barcelona decidieron archivar el caso, por lo que las acusaciones recurrieron al TC.
Según un comunicado hecho público por el Ayuntamiento, durante el proceso judicial ha habido "una serie de impedimentos del Ministerio de Fomento y de los tribunales que han obstaculizado el acceso a las pruebas y la celebración del juicio, motivo por el que se pedía ampara al Constitucional".
El consistorio afirma que "los objetivos fundamentales han sido aclarar los hechos, depurar responsabilidades y mantener un estado de opinión en la sociedad para que las administraciones y las empresas trabajen con el rigor necesario para que estos hechos o similares no vuelvan a repetirse".
Fuentes municipales apuntaron que la respuesta de los tribunales en casos como éste o como el del camping de Biescas (Huesca) contribuye a "crear en la opinión pública un malestar y una desconfianza profunda por la desprotección de los más débiles ante la Administración y las grandes empresas".
El consistorio recurrirá a otras vías judiciales como la reclamación administrativa ante la imposibilidad de continuar por la vía penal. Asimismo, las acusaciones pedirán la responsabilidad patrimonial de la administración y trasladarán la problemática al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges.
