Señala que aprobó proyectos de obras inexistentes, realizó pagos sin justificantes y contrató a personal sin selección previa
MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas aprobó a finales del pasado mes de junio su informe de fiscalización sobre la actividad del Ayuntamiento de Marbella entre los años 2002 y 2006 en los que se recoge la falta de organización y previsión y el descontrol en los gastos, ingresos y contrataciones de obras y personal durante estos años.
En el informe, al que tuvo acceso Europa Press, se recogen irregularidades en las contrataciones de obras como la inexistencia de proyectos o presupuestos, la aprobación por parte del Gobierno local de proyectos y presupuestos que no existían o la falta de concursos y procedimientos para conceder las obras, que se designaban de forma "directa".
También se denuncia que se aceptaban facturas de obras no ejecutadas y otras partidas de suministros cuyas facturas estaban "alzadas" y, en la mayoría de los casos en los que el Ayuntamiento pagó con inmuebles ciertas obras a realizar, el valor de éstos era superior al de las obras recibidas a cambio.
Según el informe sobre los años en los que dirigieron el Ayuntamiento de Marbella los hoy detenidos por la operación 'Malaya', las cuentas municipales reflejaban una situación irreal. A finales del año 2005, había en el Consistorio un desequilibrio de 335 millones de euros, casi el doble del presupuesto con el que se contaba y unos 2.600 euros por habitante.
En lo que se refiere a los pagos, el órgano fiscalizador determina que hubo irregularidades ya que no se establecieron límites cuantitativos a las órdenes de pago ni se reguló cómo habían de justificarse. Con el procedimiento "a justificar" se atendían todo tipo de operaciones "sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria con justificación posterior", señala.
Tampoco había controles suficientes en la gestión de los ingresos y se excedió en las tarifas de licencias de construcciones, obras y aperturas de establecimientos, no había comprobaciones adecuadas de las multas de tráfico ni de los recursos que gestionaban las empresas municipales.
PRESUPUESTOS.
El Tribunal de Cuentas ve que la actividad económica y financiera del Ayuntamiento en los últimos diecisiete años "ha estado caracterizada por la ausencia de presupuestos específicos". Se utilizada de forma inmediata el presupuesto aprobado. Aunque los mismos "aparecían equilibrados" no incluían todos los gastos previsibles de cada ejercicio y los ingresos estaban "sobrevalorados", señala.
En el mismo sentido, advierte que el esquema de control presupuestario era "muy simple", similar al que tienen los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, lo que, según explica el organismo, "ha permitido evitar modificaciones presupuestarias para transferir crédito de unas a otras que, en ocasiones, hubiesen requerido la intervención del Pleno".
La Junta de Gobierno local también cometió irregularidades en lo que se refiere la organización y control interno, al aprobar proyectos y presupuestos de obras inexistentes. Así, recoge que las Concejalías adquirían compromisos de gasto sin ajustarse a los procedimientos establecidos por ley ni a restricciones presupuestarias; procedieron a realizar pagos antes de tener las correspondientes órdenes y no ejercieron controles financieros sobre las Sociedades mercantiles, ni exigieron justificantes del destino de las transferencias o procedencia de las deudas que asumían.
Sin embargo, esas mismas Sociedades municipales pagaban elevados importes con talones al portador o en metálico. Además, el Tribunal de Cuentas señala que se concedieron subvenciones que "no se sujetaron a ningún procedimiento selectivo" y que se producían gastos "inadecuadamente justificados", por lo que no se puede acreditar si realmente eran necesarios.
Como las áreas de Recaudación, Tesorería e Intervención no mantenían comunicación con Urbanismo, no había control de las obras o del cobro de impuestos municipales.
CONTRATOS SIN CONVOCATORIAS Y COMPENSACIONES.
En el capítulo de personal, el descontrol del Ayuntamiento marbellí también era patente, ya que en esta época se realizaron contratos temporales sin convocatorias pública y sin procesos de selección objetivos. Además, el consistorio compensó a determinados trabajadores por vacaciones no disfrutadas y a algunos funcionarios con un complemento de productividad fijo y periódico y con una ayuda económica por vivienda.
Del mismo modo, el acuerdo que regulaba las condiciones socioeconómicas de los funcionarios municipales contenía aspectos irregulares, como incrementos de retribuciones superiores a los previstos en los Presupuestos Generales del Estado, regulación de pagas extraordinarias o el reconocimiento de horas extraordinarias y complementos por prolongación de jornada.
Por último, el informe de este órgano señala que el Consistorio marbellí tampoco adoptó las medidas que, tras una fiscalización anterior, el propio Tribunal de Cuentas le recomendó en 2004 para ejercer un buen control sobre su gestión económica y financiera.
