MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a dos miembros del consejo de administración de la sociedad municipal Eventos 2000, Modesto P. y Esteban G., a pagar 120.591 euros, al considerarlos responsables contables directos de los perjuicios ocasionados a los caudales públicos, cifrados en dicha cantidad.
En la resolución, se precisa que la actitud de los tres miembros es "gravemente negligente" por desempeñar los cargos "sin desplegar la mínima diligencia exigible" a un gestor de fondos públicos", con lo que, según consta, "incumplieron sus funciones esenciales de control de la marcha de la sociedad, dando lugar a que se produjera un daño para los fondos públicos".
El juzgador señala que se abonaron cantidades "para las que no consta que existiera el necesario soporte documental", con lo que entiende, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, que hubo "actuación irregular" a la hora de llevar la contabilidad e "incumplimiento reiterado de las obligaciones". Se estima que existe nexo de causalidad entre la conducta de los demandados y el daño producido, puesto que "su actitud pasiva ante el desempeño de sus cargos dio lugar a la producción de un saldo deudor injustificado".
El fiscal concretó la responsabilidad contable, según la sentencia, en la existencia de un perjuicio en los fondos públicos de la empresa de 23,3 millones de euros, por las transferencias hechas sin justificar, según los datos del Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Marbella de 1990 a 1999. Tras el análisis de la documentación, el perjuicio se estima en 120.591 euros, al entender que varias de las partidas estarían justificadas.
La primera irregularidad a que se refiere el ministerio público es sobre la transferencia a la sociedad Compras 2000 en los ejercicios 1997-1999 por una cantidad de 18,2 millones de euros. Una vez analizada la documentación, el Tribunal entiende acreditada la mayoría de cantidades, porque aunque no conste el motivo de la transferencia se realiza entre empresas municipales. No obstante, se apunta a un perjuicio de unos 36.200 euros.
La segunda irregularidad estudiada se refiere a transferencias a la empresa Contratas 2000 por importe de unos 80.720 euros de 1997 a 1999, aunque el alcance final, según la resolución, contra la que cabe recurso, es de 66.570 euros, al estimarse prescritas, como plantearon los demandados, las responsabilidades de algunos pagos realizados antes del 3 de mayo de 1994.
La tercera irregularidad se corresponde con las transferencias realizadas entre 1997 y 1999 a la sociedad Suelo Urbano 2000 por valor de unos cinco millones de euros, al proceder la documentación correspondiente a su justificación de la reconstrucción de la contabilidad, sin aportarse documentación original y sin acreditarse el ingreso de los fondos en otra empresa. El alcance final es de unos 18.000 euros.
La sociedad se constituyó en febrero de 1992 y los estatutos de la misma establecen como objeto social la organización, planificación y promoción de actividades culturales, deportivas y lúdicas; gestión, administración de instalaciones deportivas, culturales y lúdicas y el asesoramiento técnico y legal de los fines anteriores.
El Tribunal desestima, asimismo, las alegaciones realizadas por los representantes de los miembros del consejo de administración sobre la falta de legitimidad pasiva, solicitando el sobreseimiento de las actuaciones o sentencia desestimadora de la demanda.
No obstante, estima parcialmente la alegación presentada sobre la prescripción de las responsabilidades contables, al señalar prescritas exclusivamente aquellas que se hubiere producido con anterioridad al 3 de mayo de 1994 dentro del periodo 1994-1999 que tiene en cuenta el fiscal.
