Recomienda que, en caso de empate en la adjudicación un contrato, gane la empresa que promueva la igualdad entre hombres y mujeres
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado el informe de fiscalización de las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, en el que ha enumerado diversas "deficiencias", y ha valorado que la entrada en vigor de la nueva legislación "va a disciplinar mucho más y mejor la contratación pública de las administraciones españolas".
Álvarez de Miranda, quien ha comparecido esta mañana en el Congreso en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, ha defendido así que "el verdadero avance" en materia de fiscalización de las comunidades autónomas será el que salga de la aplicación de la nueva legislación de contratación pública, aunque esta mantenga "muchos de los conceptos de la ley anterior".
Tras la intervención inicial del presidente, en la que ha enumerado "las deficiencias" de la fiscalización de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en la Comisión, Vicente Ten, ha afirmado que es "una obviedad" que el dinero público tiene que "gestionarse mejor".
Tanto Ten como el senador socialista Jesús Manuel Alonso han preguntado a Álvarez de Miranda por el caso concreto del Hospital de Valdecilla, en Cantabria, con un sistema de colaboración público-privada y, en palabras de Ten, "con muchas quejas sobre la calidad del servicio prestado" pese a los "900 millones de euros" que aún deben pagar los cántabros por este complejo sanitario.
VÍA "MÁS Y MEJOR PRECISADA"
El máximo responsable del Tribunal ha explicado que él ha presentado un informe con "unos resultados generales" y ha admitido que desconoce "el detalle" que le solicitaban los miembros de la Comisión, pero también ha apuntado que la contratación público-privada "no ha sido recogida en la nueva ley de contratos" y deberá explorarse una vía "más o mejor precisada" para estos supuestos.
Por su parte, el senador de Podemos Ferran Martínez ha cuestionado si se apreciaban diferencias en la fiscalización de las comunidades con órgano de control externo propio y las fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, algo que ha descartado Álvarez de Miranda: "Hay comunidades autónomas que están mejor gestionadas o peor gestionadas, pero lo que sí es claro es que en todas existe un control en la contratación. Ejercemos un control de carácter similar".
Asimismo, Martínez ha demandado medidas para conseguir igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la contratación pública. En este sentido, el presidente del Tribunal de Cuentas ha declarado que la recomendación del órgano que encabeza es que, en caso de que empaten dos empresas en los requisitos de adjudicación de un contrato, se le otorgue a aquella "con medidas de igualdad entre hombres y mujeres".
SISTEMA QUE PERMITA "CUMPLIR" A LAS CCAA
Por último, la viceportavoz 'popular' en la Comisión, Sofía Acedo, ha dicho ser "más proactiva" que el resto de grupos parlamentarios y ha afirmado que el informe del Tribunal "no es tan malo". Así, partiendo de la base de que todas las comunidades quieren "cumplir", ha llamado a buscar "arbitrar un sistema" que lo permita.
Entre las deficiencias expuestas por el presidente del Tribunal de Cuentas de las cinco comunidades mencionadas, así como de Ceuta y Melilla, destacan el incumplimiento de los plazos establecidos, la falta de justificación "suficiente" de la celebración de "muchos contratos", la falta de estudio para garantizar que el precio del contrato adjudicado fuese el adecuado, la ausencia de inclusión de una memoria del proyecto, pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas "excesivamente genéricos", aceptación de ofertas presentadas fuera de plazo, etc.
RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL
Para combatir estos déficits, el Tribunal de Cuentas recomienda adoptar medidas para garantizar el "envío regular y en plazo" de la información sobre contratación pública, cumplir los principios de transparencia y objetividad en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o distinguir los criterios de adjudicación susceptibles de aplicar fórmulas de aquellos dependientes de un juicio de valor.
Además, pide aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos, e incluir cláusulas que permitan, en caso de empate en la valoración de ofertas, favorecer a aquellas empresas con medidas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.
