En su catálogo de propuestas al Congreso, reclama un régimen sancionador para partidos y quienes traten con ellos
MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha presentado en el Congreso un catálogo de 15 propuestas en materia de financiación electoral en las que, además de insistir en la regulación del uso de medios públicos y privados para llevar a autoridades a los mítines, aboga por prohibir aportaciones de fundaciones a partidos políticos (caso Palau) y que entidades privadas se hagan cargo de los gastos electorales de las formaciones políticas (Gürtel), a la vez que reclama un régimen sancionador que alcance también a las entidades que contratan con los partidos.
Las propuestas del Tribunal de Cuentas se aprobaron el 24 de junio pero no se registraron en el Congreso hasta el pasado día 28, cuando la subcomisión parlamentaria encargada de la reforma electoral celebraba su última reunión. Por ello, no hubo tiempo a analizarlas allí, pero los grupos parlamentarios podrán recoger las recomendaciones e incluirlas en las enmiendas que presenten en los próximos meses a la proposición de ley resultante del informe sobre la reforma de la LOREG.
HOMOGENEIZAR LEYES AUTONÓMICAS
En su documento, al que tuvo acceso Europa Press, la institución empieza apostando por armonizar la normativa sobre financiación electoral, pues las cuantías que se abonan por voto y por escaños, así como los límites de gasto en campaña, "son distintos en función de las comunidades y en relación con la legislación estatal".
Además, propone contemplar la potestad de solicitar las cuentas a todas las formaciones que han participado en una campaña electoral, aunque no hayan logrado escaño, y abrir la posibilidad de sancionar a los administradores electorales que no faciliten la información que se les requiere.
En cuanto a la financiación privada, aboga por prohibir aportaciones provenientes de fundaciones privadas, asociaciones u otras entidades que reciban subvenciones de las Administraciones Públicas, así como que asuman de forma efectiva gastos de la campaña electoral de las formaciones políticas. A todo ello añade la conveniencia de determinar, en caso de incumplimiento, la sanción correspondiente.
El Congreso ya tiene en tramitación una proposición de ley en este sentido para reformar la Ley de Financiación de Partidos, que fue presentada por ERC al hilo del escándalo del Palau de la Música, cuya fundación está siendo investigada, entre otras cosas, por hacer precisamente aportaciones a partidos políticos.
Paralelamente, la institución fiscalizadora exige "que se establezca expresamente la prohibición de que los partidos acepten, directa o indirectamente, que terceras personas asuman de forma efectiva el coste de operaciones aplicables a la campaña electoral", lo cual en su opinión debería conllevar sanción en caso de infracción.
Y es que, según recuerda en alusión al caso Gürtel y el PP, "se ha tenido conocimiento últimamente, a través de procesos judiciales, de la existencia de gastos realizados para la campaña electoral asumidos por terceras personas, de los que no se tiene constancia en la contabilidad electoral presentada ni, por tanto de la procedencia de su financiación, lo que supone un quebranto del principio de transparencia de la actividad electoral".
VIAJES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA MÍTINES
Por otro lado, en su escrito se recoge la petición ya avanzada hace unas semanas para que se establezca una regulación específica de la utilización de medios públicos para desplazamientos de autoridades, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en campañas electorales.
Como ya avisó a raíz de la utilización de un Falcon del Ejército del Aire por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el Tribunal de Cuentas advierte de la necesidad de "despejar posibles incertidumbres" y dejar claro cuáles de esos gastos han de computarse como gastos electorales a la hora de certificar si un partido cumple o no con el tope de gasto marcado por la legislación.
En otra de sus propuestas, el Tribunal de Cuentas pide completar el régimen sancionador que hoy se aplica a los partidos políticos, pues sólo se limita a proponer una posible reducción o no de las subvención pública que la formación fuera a recibir.
La institución quiere una "clasificación valorativa de los incumplimientos y de las sanciones a proponer en cada caso" y poder actuar ante los incumplimientos de terceros de la obligación de informar al Tribunal de Cuentas en su actividad fiscalizadora.
En otro momento se refiere a las subvenciones que reciben los partidos políticos para el envío gratuito de propaganda electoral ('mailing'), que sólo pueden ser cobradas por quienes han obtenido grupo parlamentario propio en el Congreso. Conocedor de que ese requisito incentiva la formación de grupos por parte de partidos distintos, el Tribunal pide establecer garantías para que la constitución de grupo parlamentario no se convierta en algo puntual sólo para cobrar.
Por último, el Tribunal reclama regular la realización de gastos de propaganda y publicidad directa o indirecta efectuados por las formaciones políticas durante la precampaña, el periodo comprendido desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña. No obstante, uno de los acuerdos de la subcomisión es limitar todos los gastos electorales a los 15 días de campaña eliminando la publicidad de los meses previos.
