El vicepresidente desoye tres cartas y un requerimiento del Tribunal alegando que su informe es inconstitucional
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MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha remitido un escrito a las Cortes Generales (Congreso-Senado) quejándose de que el Ministerio de Economía no le envía la documentación que precisa para su informe de fiscalización sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2006 y que se viene reclamando desde el pasado mes de abril, se informó a Europa Press en fuentes de la institución que preside Ubaldo Nieto.
Esta fiscalización, relativa a "La transparencia en el proceso de los Presupuestos para 2006 de las Entidades del Sector público", estaba incluida en el programa de actividades del Tribunal de Cuentas para el presente año.
COMPROBAR EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
Para su realización, la institución aprobó una serie de Directrices Técnicas, en las que se precisaban los objetivos de esta fiscalización: comprobar el cumplimiento de la legalidad, especialmente la Ley General Presupuestaria y la Ley de Haciendas Locales, por parte de los órganos competentes que han participado en la elaboración.
El Tribunal de Cuentas también garantizó a Economía que en todo momento se iba a atener a la normativa reguladora y que su pretensión no es analizar ni cuestionar las políticas públicas plasmadas en las correspondientes dotaciones presupuestarias.
Sin embargo, la entidad fiscalizadora ha chocado con Economía a la hora de pedir una serie de datos necesarios para su informe, como el escenario plurianual del periodo 2006-2008 o las directrices de la comisión, entre otras documentación.
Según las citadas fuentes, Ubaldo Nieto envió una carta el pasado 11 de abril al vicepresidente segundo de Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, pidiéndole la citada documentación, pero quince días después recibió una negativa por respuesta. Según le contestó Solbes, esa actividad fiscalizadora afecta a las competencias que, con carácter exclusivo, corresponden al Gobierno.
El presidente del Tribunal de Cuentas insistió en mayo de 2006 recordando a Solbes que, aunque las decisiones de las Cortes Generales y el proyecto de Presupuestos no es objeto de fiscalización, no ocurre los mismo con todas las actuaciones de programación presupuestaria.
"GRAVES DUDAS" DE SOLBES
Esta vez no hubo respuesta y Ubaldo Nieto insistió en junio, ante lo cual Solbes le respondió que Economía tiene "graves dudas" sobre esa fiscalización, por lo que había solicitado informes a órganos consultivos. Alegaba incluso que la Abogacía del estado ya se había pronunciado en contra del informe que preparaba el Tribunal de Cuentas por considerar que era contrario a la Constitución.
El pasado 15 de septiembre, el Tribunal de Cuentas elevó un grado su petición cursando un requerimiento al Ministerio de Economía e instando a dar la documentación en el plazo de diez días. Solbes respondió a principios de octubre adjuntando el informe de la Abogacía del Estado donde se asegura que no hay obligación de responder a la entidad fiscalizadora porque la elaboración de los Presupuestos queda fuera de su control.
Así las cosas, y dado que la documentación solicitada sigue sin recibirse pese a las "reiteradas peticiones y la formulación del requerimiento formal de colaboración", el Tribunal de Cuentas decidió en su reunión plenaria del pasado martes dirigirse al Parlamento para informar de la situación de bloqueo de la citada fiscalización.
EL TRIBUNAL SUGIERE QUE PUEDE IMPONER SANCIONES
Desde el Tribunal de Cuentas se reitera que su pretensión no es interferir en las competencias constitucionales del Gobierno y, frente al dictamen de la Abogacía del Estado, insisten en que la actividad de preparación de la documentación soporte del proyecto de Presupuestos Generales "es una actividad económica-financiera fiscalizable".
En la entidad fiscalizadora señalan que, conforme a la legislación vigente, el incumplimiento de los requerimientos del Tribunal podrá suponer la aplicación de las sanciones, que van desde una multa de unos 900 euros, la separación del servicio del funcionario (en este caso el propio vicepresidente del Gobierno) e incluso la evaluación de posibles responsabilidades penales.
