Afirma que no le incumbe velar por la regulación de la actividad electoral y tampoco fijar un régimen penitenciario
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Sala que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo ha dictado una providencia este martes en la que señala su falta de competencia en la cuestión que le ha sido remitida desde la Junta Electoral Central (JEC) sobre la celebración de un debate electoral en la prisión de Soto de Real (Madrid) que solicita el candidato al Congreso por JxCat Jordi Sánchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y para quien se solicitan 17 años de cárcel por rebelión en este procedimiento.
Concluye que de acuerdo a la Constitución y a la Ley General Penitenciaria "no compete al órgano jurisdiccional velar por los principios que determinan la regulación de la actividad electoral" y tampoco le incumbe la fijación de un determinado régimen penitenciario.
En la providencia dictada por los siete miembros de la Sala se explica brevemente que lo solicitado por el líder social sentado en banquillo no es un acto que afecte a una posible incomunicación judicial -que no se ha acordado por la Sala- ni supone una excarcelación del centro penitenciario.
Todo ello, añade el tribunal "sin perjuicio de la competencia atribuida a la Administración Electoral para velar por la vigencia de los principios que rigen el desarrollo del proceso electoral", añaden los magistrados en la providencia, que acuerdan comunicar a la JEC,
FIRMAN TAMBIÉN LOS JUECES EN LA JEC
Se da la circunstancia de que dos de los magistrados que firman esta providencia, Luciano Varela y Ana Ferrer forman parte -designados por sorteo- también de la Junta Electoral Central, si bien se ausentan de la misma cuando en el orden del día se incluyen asuntos que puedan tener que ver con la causa contra los líderes independentistas del 'procés' como es en este caso.
A la Sala aún le queda pendiente resolver si los cinco políticos independentistas presos que forman parte de candidaturas para las elecciones generales del próximo 28-A salen en libertad para poder participar en campaña, tal y como han solicitado sus defensas.
Se trata del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y del propio Sánchez, quienes solicitaron la semana pasada al tribunal que les excarcele para que puedan participar en la campaña electoral, una vez han sido declarados oficialmente como candidatos al Congreso y al Senado (en el caso de Romeva) en las listas de ERC y JxCat.
Respecto a estas libertades, fuentes de la Sala han señalado a Europa Press que lo más probable es que la resolución se dé a conocer en los próximos días puesto que ya se ha dado traslado a Fiscalía para que informe al respecto, y tras conocer esta opinión se resolverá.
Las solicitudes de excarcelación se presentaron un día después de que el BOE publicara el 2 de abril la lista oficial de candidatos a los comicios, ya que a juicio de las defensas el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional comenzará a afectar a los derechos de participación política desde el próximo día 12, fecha de arranque de una campaña en la que no podrían participar.
PROPONEN REGISTROS DOMICILIARIOS
Como alternativas a la prisión, las defensas proponen la limitación de los movimientos e sus clientes a la comunidad autónoma o al término municipal de Madrid, complementada con controles telemáticos o policiales, o incluso su arresto domiciliario controlado, de modo que puedan participar en actividades de campaña electoral.
El Tribunal que preside Manuel Marchena deberá decidir entonces si excarcela a los candidatos y de hacerlo, si mantiene o no la medida de prisión para los otros cuatro encausados en la cárcel que no se presentan a los comicios del 28-A: Carme Forcadell, Meritxell Borrás, Jordi Cuixart y Joaquim Forn.
Con independencia de la decisión que adopte la Sala, cuando los candidatos salgan elegidos podría producirse una nueva batería de peticiones de las defensas, que podrían solicitar que se les deje salir para poder acudir al Congreso y poder jurar o prometer su acatamiento a la Constitución -aunque sea utilizando la fórmula 'por imperativo legal'-- y adquirir así formalmente su condición de diputados.
Se trata de una petición que podría recibir el visto bueno por parte del tribunal -incluso en la próxima resolución y sin esperar a que lo pidan expresamente- ya que la legislación electoral autoriza a los presos preventivos a formar parte de candidaturas.
En este caso el precedente juega a su favor, puesto que Llarena impidió en su día a Sánchez y a otros presos acudir al Parlament a por su acta porque el Reglamento del Parlament no requería su presencia física, y se optó por la delegación.
