MADRID, 20 Mar. (OTR/PRESS) -
El ex ministro de Defensa José Bono está citado el jueves 3 de abril a las diez de la mañana en la Audiencia Nacional para declarar en la causa que investiga las posibles irregularidades en la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte a 62 militares españoles. El juez encargado del caso, Fernando Grande-Marlaska, ha citado a Bono que, en contra de lo que ocurrió con su antecesor en el cargo, Federico Trillo, se personará en los juzgados. En el escrito que remitió al magistrado, Trillo atribuye la responsabilidad de la contratación del avión al Estado Mayor Conjunto.
Y es que, a diferencia de Trillo, Bono sí accedió a comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para declarar sobre este accidente, que se produjo un año antes de que el dirigente socialista llegara al Ministerio de Defensa.
Trillo no quiso comparecer personalmente ante el juzgado y, acogiéndose a su derecho de declarar por escrito tras ser citado como testigo, el pasado viernes remitió al magistrado que instruye la causa una declaración por escrito en la que daba contestación a las preguntas que formuló la representación legal de la Asociación de Familiares del Yak-42.
Grande-Marlaska ya ha dado dado traslado a las partes de la declaración por escrito de Trillo. El ex ministro de Defensa atribuye la responsabilidad de la contratación del avión al Estado Mayor Conjunto (EMACON). En el escrito remitido a Grande Marlaska Trillo señala, tal y como defendió en la comparecencia que realizó ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en junio de 2005, que la responsabilidad última de la contratación del avión correspondió al EMACON en la medida en que asumió "las competencias operativas y logísticas de la misión".
Trillo dice desconocer las condiciones de contratación con la agencia de la OTAN Namsa y la adjudicación del servicio a la británica Chapman Freeborn, al igual que tampoco sabría que ésta había suprimido los seguros de vida a los pasajeros hasta que no ordenó una investigación interna del Ministerio. Tras el siniestro, argumenta, suspendió los contratos con NAMSA "para evitar la alarma social producida durante esos días".
El ex ministro también señala que no supo de las quejas sobre seguridad que los aviones contratados a países de la ex Unión Soviética habían generado previamente hasta después del accidente. En este sentido, Trillo precisó que estas quejas no se le ocultaron, ya que "no era el destinatario final del conducto reglamentario, al no ser el órgano competente ni sobre la contratación, ni sobre el mantenimiento, ni sobre el seguimiento de los vuelos". No obstante, admite en el documento, de 34 folios, la existencia de partes de incidencias que algunos mandos realizaron sobre vuelos específicos y relacionadas con "retrasos, repostajes y condiciones de confortabilidad de los vuelos", no "con su seguridad".
Trillo, que repasa minuciosamente las decisiones adoptadas tras el siniestro, se ratifica en todas las manifestaciones realizadas en la Comisión de Defensa del Congreso y, de esta forma, recuerda que el perito que compareció en la causa a petición de las familias de las víctimas, Cecilio Yustas, coincidió con la Comisión Internacional de Investigación en que "el accidente se produjo por un error humano de los pilotos".
Además de la comparecencia de Bono, está pendiente la declaración de los representantes de la empresa británica Champan Freeborn, a la que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató el alquiler del avión. En una comunicación remitida el pasado día 13, su representante legal, Carol Norman, solicitó al juez que le permita testificar en el Reino Unido mediante una comisión rogatoria.
UNA CAUSA REABIERTA
En el marco de este proceso, que la Sala de lo Penal obligó a Grande-Marlaska a reabrir en noviembre de 2007 después de que el juez la archivara, han comparecido y el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y otros cuatro mandos militares. Todos ellos aseguraron no tener constancia de la existencia de quejas sobre el funcionamiento de los aviones contratados a compañías de la antigua Unión Soviética.
También han prestado declaración el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos y un comandante que recibió un correo electrónico de un colega en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".
