Advierte de que "no puede tomarse con normalidad y exigir el silencio y el respeto cuando se procesa incluso al propio lehendakari"
VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco denunció hoy que la legislación "de excepción" derivada de la Ley de Partidos ha dado lugar a una serie de decisiones judiciales "alarmantes" que han "convulsionado" la vida política y que afectan a la división de poderes o limitan espacios de libertad. Dentro de lo que calificó como un "desbordamiento de límites", el Ejecutivo vasco citó ejemplos como el encausamiento del lehendakari por reunirse con Batasuna, el sumario 18/98, o los casos Atutxa y De Juana.
A través de una declaración institucional leída en la sede de Lehendakaritza por la portavoz del tripartito, Miren Azkarate, y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, el Gobierno autónomo mostró su "honda preocupación" por "el impacto que ya demasiadas decisiones judiciales tienen en el normal desenvolvimiento de una sociedad verdaderamente justa y libre".
El gabinete de Juan José Ibarretxe consideró que, en parte, estas actuaciones del Poder Judicial se deben a la Ley de Partidos, de la que afirmó que "ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes hasta el punto de que, en todo aquello que se relacione con el terrorismo, se tiende a diluir la necesaria imputación individual de responsabilidades".
"La Ley de Partidos supuso la consolidación oficial de una nueva forma de entender el juego político, que aparejaba una relectura restrictiva de quiénes podían y quiénes no podían hacer uso de los partidos como instrumentos de representación", manifestó. A juicio del Gobierno, esta relectura implicaba "una legislación de excepción que condenaba a una parte muy significativa de la ciudadanía vasca a la invisibilidad política".
En referencia a los casos Atutxa e Ibarretxe, el Gobierno criticó que el "desbordamiento de límites" al que ha dado lugar esta nueva legislación ha llegado hasta el punto de "poner bajo sospecha e la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad y al propio lehendakari".
"Son demasiados los casos para recordarlos todos, pero no puede tomarse con normalidad y exigir el silencio y el respeto cuando se procesa incluso al propio lehendakari por un presunto delito de desobediencia", advirtió.
"DRAMATISMO" DEL CASO DE JUANA
Asimismo, el Ejecutivo criticó que tras la "ampliación" de la legislación penal antiterrorista ordinaria, "nadie sabe ya hasta donde se extienden las prohibiciones penales". "Los delitos de amenazas, como muestra el dramatismo del caso De Juana, la apología del terrorismo, los delitos de colaboración con banda armada, los delitos incluso de pertenencia a banda armada se van progresivamente haciendo más y más extensos", subrayó.
Por ese motivo, mostró su "alarma" ante unas decisiones judiciales, entre las que también citó el sumario 18/98 y la clausura de algunos medios de comunicación, que provocan una "convulsión" en la vida política y social de Euskadi. En esta línea, consideró que el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales "no implica silencio y cobertura incondicional de su contenido".
"PAZ DEL MIEDO"
El ejecutivo reivindicó el derecho a "la sana crítica en defensa de las libertades de todos los ciudadanos ante decisiones formalmente legales que son susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales". Más aún, consideró que esta actitud es "una obligación de quienes creemos en la construcción democrática desde la responsabilidad y participación de todos los ciudadanos, instituciones y poderes públicos".
"El respeto a la ley no es la paz del miedo; no es el callar por si acaso; no es la sensación generalizada de que hay manifestaciones a las que uno no se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir, como si cada uno de nosotros tuviéramos que demostrar día tras día un *label* democrático, que es nuestro por derecho propio", añadió.
Ante esta situación, el Gobierno explicó que su "convencimiento democrático" le exige "reclamar que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral".
DECISIONES "MINORITARIAS"
El tripartito subrayó que las leyes y su interpretación "no pueden dar por resultado un escenario de preocupación continuada", por lo que reclamó "seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos".
De todas formas, el Ejecutivo vasco aseguró que "ha defendido, defiende y defenderá siempre a la Administración de Justicia como poder necesario e imprescindible de cualquier democracia". Así, precisó que su preocupación se deriva "de una minoría de decisiones que, por su relevancia social, pueden acabar por vaciar la credibilidad y estima social incuestionable de la Justicia".
