MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena que obligará al periodista canario Francisco Javier Chavanel Seoane a indemnizar con 25.000 euros al fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa por intromisión ilegítima en su derecho al honor en varias intervenciones en la radio y en artículos de prensa en el año 2014.
El Supremo ratifica que no eran veraces las informaciones donde el informador comentó la actuación del citado fiscal en los casos conocidos como 'Unión' y 'Stratus'.
La sentencia estima que la cuantía de la indemnización de 25.000 euros que impuso la Audiencia Provincial de Las Palmas es proporcionada, por lo que no atiende la reclamación de elevarla realizada por el fiscal Stampa, que la consideraba escasa, ni la de rebajarla por excesiva, que pedía el periodista.
Se trata de uno de los fiscales del caso 'Tándem' en la Audiencia Nacional que ha sido objeto de cierta polémica --y de una querella por parte de Vox que ha sido rechazada-- en relación con el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que una de las letradas, Marta Flor, comenta determinada información que había obtenido de este representante del Ministerio Público.
El Juzgado de Primera Instancia de Arrecife, que vio el caso inicialmente, cifró la indemnización en 50.000 euros, posteriormente rebajada por la Audiencia de Las Palmas. Los contenidos atentatorios contra el honor se divulgaron en artículos y programas de las empresas Informaciones Canarias S.A. y El Escorpión de Jade S.L., según detalla la sentencia.
En esta resolución, el alto tribunal rechaza el recurso del periodista y expone que en sus artículos y programas de radio "ha expresado opiniones y valoraciones personales, pero también ha transmitido información y ha propagado simples rumores insidiosos. Y mientras que a las primeras no se les puede aplicar el canon de veracidad, cuando se transmite información sí es exigible el requisito de la veracidad, en los términos en que ha sido configurado por el Tribunal Constitucional".
AUSENCIA DE DILIGENCIA PROFESIONAL
Añade que "ese requisito, que la información transmitida sea veraz, ha sido incumplido por el periodista puesto que, de acuerdo con lo fijado en la instancia, las informaciones transmitidas respecto del demandante se han revelado falsas y no existe prueba de que el recurrente hubiera intentado comprobarlas conforme a cánones de diligencia profesional".
"Se trató, por tanto, --indican los magistrados-- de la difusión de rumores e infundios sobre la actuación del demandante como fiscal. De las manifestaciones del periodista demandado se desprende que el demandante habría obtenido favores (no cobrarle el alquiler del piso, facilitarle un vehículo de alta gama, enchufar a su exesposa en el Ayuntamiento de Arrecife) de una determinada persona contra la que no había dirigido acusación pese a estar implicada en tramas corruptas".
Añaden que el eriodista se hizo eco de un supuesto rumor según el cual el bufete en el que trabajaba la pareja del fiscal tenía un altísimo porcentaje de eficacia en la consecución de la libertad condicional de los investigados en asuntos de inmigración y tráfico de drogas".
Para el Supremo, son hechos que "suponían un grave desprestigio para el demandante, que cuestionaban su integridad moral y su rectitud profesional, y le atribuían la comisión de hechos ilícitos, cuando no directamente delitos y, por tanto, constituían una intromisión en su derecho al honor. Al no ser veraces, puesto que no consta que el demandado actuara diligentemente para comprobar que sus afirmaciones se correspondían con la realidad, la intromisión en el honor del demandante es ilegítima".
En la sentencia dada a conocer este viernes el Supremo solo varía un aspecto de la sentencia del caso dictada por la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, y es que la responsabilidad solidaria de la productora del programa de radio donde hizo sus comentarios el periodista, "El Espejo Canario", será respecto a 20.000 euros de la indemnización, mientras que Informaciones Canarias, SA., que edita el periódico que publicó los artículos, será responsable solidaria del pago de los restantes 5.000 euros. Ello porque la intromisión más grave se produjo en la radio.
