MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha emplazado a la Fiscalía y a la acusación particular en la querella presentada contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por los cobros que éste obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, para que en el plazo de cinco días presenten alegaciones en relación a la documentación aportada sobre este asunto por el Banco Santander, que evidenciaría la existencia de contactos entre el juez y directivos de la entidad para la financiación de los mismos.
La providencia, dictada por la Sala de lo Penal el pasado miércoles, se dirige tanto al Ministerio Público como a los abogados impulsores de la querella, Antonio Panea y José Luis Mazón, si bien no da opción a la defensa de Garzón para dirigirse al alto tribunal, ya que, al no haber sido admitida aún la acción penal, el magistrado no es tenido como parte.
La Fiscalía ya se pronuncio hace algunas semanas en contra de la admisión a trámite de esta querella, si bien en dicho momento no se conocía el contenido de la documentación aportada el pasado lunes por el Banco Santander. La decisión de pedir opinión al Ministerio Público sobre este asunto partió del magistrado Miguel Colmenero, que será el ponente del auto de admisión o bien archivo de la acción penal contra el magistrado de la Audiencia Nacional, según confirmaron fuentes jurídicas.
La documentación que, indiciariamente, acreditaría que Garzón solicitó personalmente a los directivos del banco las cantidades necesarias para financiar el proyecto fue remitida al Tribunal Supremo después de que el alto órgano judicial le viniera requiriendo la misma de forma reiterada desde el pasado mes de septiembre.
Ante el silencio inicial del Santander, el alto tribunal tuvo que instar el pasado 15 de octubre a la entidad al "urgente cumplimiento" de la orden de entrega de información y posteriormente, tras recibir una respuesta parcial (según las acusaciones), citó al director de la asesoría jurídica, Jaime Pérez Renovales, quien finalmente remitió el pasado lunes un total de 8 documentos.
PROPUESTA "AMBICIOSA"
El primero de ellos es una nota para Emilio Botín redactada el 22 de abril de 2005 por el entonces director general del banco en Estados Unidos, Gonzalo de las Heras, en la que relata a su jefe un almuerzo celebrado con el juez en el que éste le habría comentado su propuesta para el curso en la Universidad de Nueva York, que el propio directivo califica de "importante aunque ambiciosa", con el objetivo de "acercar España a EE.UU".
"Hoy me envía la propuesta que te adjunto (...). Creo que para nosotros el hacer un esfuerzo para acercar a los dos países no debería ser objetable, como tampoco lo es que nuestra ayuda vaya dirigida a una Universidad y no personas o grupos específicos. Dime qué te parece y cómo quieres que actúe", decía De las Heras a Botín.
El siguiente documento es una carta remitida por el propio Garzón a Botín, fechada el 10 de junio siguiente, agradeciéndole la financiación del curso. "Te rogaría, a la vista del programa que te remito (...) me indicaras aquellas personas a las que pudieras tener acceso con el fin de interesarles y comprometerles en el evento".
FINANCIACIÓN EN DIEZ DÍAS
El tercer documento es otra carta dirigida a Botín por Garzón, con fecha de 20 de enero de 2006, en la que el magistrado le propone un nuevo curso titulado Seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica- "Se celebrará si disponemos de financiación suficiente entre Nueva York y Madrid. Creo que es una propuesta bastante completa que someto a tu consideración (...) Te adjunto la propuesta y el presupuesto". En carta fechada diez días después, el magistrado agradece al banquero el patrocinio del curso.
El resto de documentos son cartas de agradecimiento remitidas al presidente del Santander por el director de los cursos, James D. Fernández, así como correos remitidos por éste a Gonzalo de las Heras relatándole el éxito de los mismo y la remisión a éste de cartas de invitación dirigidas a diferentes personalidades norteamericanas.
El Tribunal Supremo precisaba toda esta información para decidir si admite o no a trámite la segunda querella presentada contra el magistrado por estos hechos, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa.
Esta acción penal contra Garzón, impulsada por los letrados citados, se produce después de que el pasado 9 de marzo el Supremo archivara una primera querella por el mismo asunto ordenara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los investigara. El órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias informativas contra el juez, pero las cerró el 2 de julio sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria.
Los querellantes justifican este nuevo procedimiento en que la investigación del CGPJ sacó a la luz datos que no se conocían en el momento del archivo de la causa en el Tribunal Supremo.
Entre ellos, destacan que el Banco Santander entregó 302.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York para la organización de los cursos dirigidos por Garzón y que este centro asignó al juez 21.152 dólares para sufragar sus gastos de viaje y 21.650 para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.
