MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha retirado la indemnización de 4.000 euros que la Audiencia Provincial de Vizcaya ordenó pagar al rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, por dos textos publicados en el diario "El Mundo" acusándole de facilitar la matriculación de presos de la banda terrorista ETA para que pudieran estudiar en el centro universitario.
La Sala de lo Civil ha dado la razón a Pedro J. Ramírez y a la Unidad Editorial Información General al estimar sus recursos de casación frente a la resolución de la Audiencia de Vizcaya, que rebajó de 20.000 a 4.000 euros la indemnización impuesta en una primera instancia por un juzgado de Gernika.
HECHOS VERACES DE INTERÉS PÚBLICO
El alto tribunal defiende la prevalencia de los derechos a la información y a la libertad de expresión frente al derecho del honor del rector, hermano de la abogada de presos de ETA Jone Goirizelaia, al entender que los hechos son "veraces, reales" y tenían "una gran relevancia pública" tras la polémica generada a raíz de la sentencia del Supremo, que anulaba el protocolo para que los presos estudiaran en el centro universitario.
La sentencia, con ponencia del magistrado Ignacio Sancho, dice además que Goirizelaia, como rector de la Universidad es "su máximo exponente y detenta un cargo público con unas actuaciones y responsabilidades públicas que conllevan una exposición a la crítica y al escrutinio mayor que la de un ciudadano normal".
Los hecho se remontan al 29 de abril de 2009, cuando el diario El Mundo publicó una columna encabezada por la fotografía del rector con el titular "Iñaki Goirizelaia: Pretende poder seguir dando títulos a etarras". Se acompañaba de una flecha para abajo y recogía su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia que anulaba el protocolo para impartir docencia a los presos terroristas. "En la práctica ha sido un coladero para dar títulos a los etarras", añadía la columna.
El 4 de febrero de 2010, la sección de opinión del diario publicó un artículo señalando que el rector gastaba dinero público para "agradar" a los presos de ETA e informando de que había defendido "con escasos argumentos" su compromiso de conseguir que los reclusos continuaran matriculándose en la institución, sin aclarar cuánto dinero había costado a la Universidad del País Vasco esta batalla judicial, que culminó con la estimación parcial de su recurso de amparo ante el Constitucional.
