MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar por "falta de legitimación" del solicitante el recurso que presentó la asociación de juristas Preemiencia del Derecho contra el acuerdo que el Consejo de Ministros remitió el pasado 30 de marzo a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el que se incluía al catedrático de Derecho Constitucional y ex secretario de Estado de Justicia Luis López Guerra en la terna de candidatos propuestos como nuevo juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Esta decisión se suma al auto que el alto tribunal dictó en julio pasado en el que rechazaba un recurso de súplica interpuesto por este colectivo tras la inadmisión a trámite de otro recurso similar presentado por la vía ordinaria. Entonces, el Supremo entendió que para dirimir esta controversia debería existir un "vínculo especial y concreto" entre los fines de la asociación y el objeto del pleito, lo que no ocurría en ese caso.
En una nueva resolución hecha pública hoy, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal archiva las actuaciones solicitadas, al considerar que la Ley de la Jurisdicción exige "un derecho o interés legítimo" para impugnar los actos de los poderes públicos, que se encuentran "sometidos al control de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo".
Preeminencia del Derecho interpuso el pasado mes de abril un recurso contencioso por la vía especial para la tutela de los derechos fundamentales en el que aseguraba que el nombramiento de López Guerra supone una "violación del derecho a juez independiente", ya que se trata de "un político de partido con más de 20 años de ejercicio en cargos de designación política".
El recurso, firmado por los abogados Encarnación Martínez Segado y José Luis Mazón Costa, también ponía de manifiesto la "falta de convocatoria pública" que, a su juicio, exige "todo cargo público sujeto a los principios de mérito y capacidad como son las altas funciones judiciales en una instancia internacional de derechos humanos".
"DISCRIMINACIÓN" CON LA APM
Mazón lamentó hoy que el Supremo rechace el recurso de Preeminencia del Derecho y, sin embargo, admita el que presentó la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ya que, a su entender, esta actuación supone un "trato discriminatorio" y pone de manifiesto la "falta de equidistancia" de los magistrados de la Sala Tercera del Supremo y su "favorecimiento a gentes de su mismo gremio".
La APM, mayoritaria en la carrera judicial, recurrió la designación de López Guerra al considerar que con su nombramiento el Gobierno "actuó sin transparencia y movido por un interés político, en vez de actuar conforme a parámetros de mérito y capacidad".
Sobre este asunto el auto del alto tribunal especifica que los criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional sobre la legitimación de los sindicatos "no son trasladables" a la asociación Preeminencia de la Justicia, que "no es un sindicato y, por tanto, no goza de la posición que el artículo 7 de la Constitución atribuye a las organizaciones que surgen del ejercicio por los trabajadores del derecho fundamental a la libertad sindical". Asimismo, añade que las asociaciones profesionales de jueces y magistrados "tienen expreso reconocimiento en el artículo 127 de la Constitución".
DENUNCIA ANTE EL TEDH
En este sentido, la asociación denunciará ante el TEDH la actuación del Tribunal Supremo, que considera "un acto de arbitrariedad y de insubordinación hacia las normas legales y el principio de igualdad de trato", y pondrá en conocimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que López Guerra es "un político con varias décadas de ejercicio continuado de cargos de designación política, un hombre del PSOE y una criatura ministerial" que no cubre los requisitos de independencia e integridad que exige el Consejo de Europa, organismo al que pertenece el Tribunal de Estrasburgo".
Además de López Guerra, la terna propuesta para este cargo estaba formada por la jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Concepción Escobar Hernández, y el catedrático de Derecho Constitucional José Alejandro Sáiz Arnáiz.
La elección del nuevo juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos corresponde a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que adoptará esta decisión a título de cada Estado y por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada Gobierno. El candidato elegido sustituirá a Francisco Javier Borrego, que fue nombrado en enero de 2003 y cuyo mandato finalizará el próximo 31 de octubre.
