BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el decreto de reestructuración de consellerias del último gobierno de Pujol, que en noviembre de 2002 unió los departamentos de Justicia e Interior, por una parte, y de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por otra, además de cambiar el nombre de la conselleria de Bienestar Social por el de Bienestar y Familia.
Según la sentencia, el decreto implica un "cúmulo de defectos, alguno que revela una manera burda de ejercer la facultad reglamentaria", que "determina la anulabilidad del Reglamento impugnado". Aunque el juez asegura tener en cuenta la jurisprudencia que "relativiza los vicios procedimentales" en una disposición "de carácter general", considera inadmisible que los defectos sean "tantos y algunos tan groseros".
El juez de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo constata que el decreto "carece de iniciativa formal alguna, no ya de cualquiera de los tres Departamentos implicados, sino tampoco del de Presidencia, cuyo titular era, a la sazón, el conseller en cap", Artur Mas, que debía "coordinar el programa legislativo del Gobierno y la elaboración de normas de carácter general".
El fallo afirma también que "no hay constancia de que este Decreto, que regula una importante reestructuración administrativa, haya surgido a la vida jurídica en virtud de la iniciativa del Departamento de Presidencia", lo que el juez considera importante por su "singular posición en el organigrama administrativo y su función de coordinación", y "máxime cuando su titular ostentaba simultáneamente la condición de conseller en cap". Tampoco consta, según el juez, que surgiera la iniciativa "por la decisión de alguno de los Departamentos afectados".
La sentencia añade que "si se atiene a la realidad documental", el decreto "aparece 'ex nihilo' y, con tal fuerza que en sólo cuatro días es aprobado por el Govern".
Además, el juez reprocha a la Generalitat que "tan sólo consta" en el expediente la memoria justificativa y un estudio económico en términos de coste-beneficio, elaborado por la Conselleria de Justicia e Interior, "pero no de los otros dos Departamentos igualmente afectados".
