18 de septiembre de 2019
4 de mayo de 2008

TSJPV confirma la pensión extraordinaria por acto de terrorismo a un policía local que apareció en las listas de ETA

Condena al Gobierno central al pago de las costas procesales por recurrir la decisión adoptada por un Juzgado de San Sebastián

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la pensión extraordinaria por acto de terrorismo a un policía municipal de San Sebastián que apareció en las listas de ETA, y ha condenado al Ministerio de Economía y Hacienda al pago de las costas procesales por recurrir la decisión que fue adoptada por un Juzgado de San Sebastián.

Con anterioridad, en octubre de 2007, el alto Tribunal vasco también reconoció este derecho de otro agente de la Policía Local de la capital guipuzcoana, que también apareció como objetivo. En ambos casos, el que había recabado los datos era un compañero suyo de trabajo que informó a la banda armada.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el TSJPV rechaza el recurso de suplicación interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián, que reconoció al segundo policía municipal la pensión extraordinaria por acto de terrorismo.

La resolución judicial recuerda que el agente tiene reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social desde el 21 de noviembre de 2004 una incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual de guardia municipal, derivada de accidente de trabajo, a consecuencia de una secuela diagnosticada como trastorno de estrés postraumático, por haber aparecido como objetivo de ETA.

El 11 de noviembre de 2002 la Dirección General de la Guardia Civil le informó de que un presunto miembro de ETA, que también era policía municipal en San Sebastián y había sido detenido el 13 de septiembre de ese año, reconoció haber facilitado informaciones de posibles objetivos de la banda armada, entre los que se encontraba él.

El supuesto miembro de la organización terrorista se había citado, según declaró, el 10 de agosto con un activista de ETA que le hizo entrega de un listado de 10 ó 15 guardias locales para que informara sobre "qué tipo de gente era".

Por su parte, el 26 de marzo de 2003 mandos de la Ertzaintza le comunicaron que su nombre había aparecido en documentación incautada al 'Comando Donosti' en Astigarraga el 26 de marzo de 1996. Asimismo, su nombre apareció en documentos intervenidos al 'comando Buruntza' en agosto de 2001.

El 29 de julio de 2003, la directora de Atención de las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, le otorgó una ayuda de 320 euros para financiar el coste del tratamiento psicológico que había recibido y el 10 de enero de 2005 le concedió otra de 360 euros.

Al policía municipal se le otorgó, asimismo, en noviembre de 2004 una pensión vitalicia del 55 por ciento de la base reguladora de su sueldo por incapacidad permanente total, al presentar síndrome de estrés postraumático, "de pronóstico incierto", con tendencia a crónico.

Con posterioridad, éste solicitó a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social el reconocimiento de una pensión extraordinaria como víctima del terrorismo, petición fue desestimada el 11 de octubre de 2006. Tras reclamar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, éste le respondió que las lesiones que padecía "no derivaban de acto terrorista".

Por su parte, el Juzgado de lo Social de San Sebastián reconoció al agente la pensión extraordinaria motivada por acto de terrorismo y la resolución fue recurrida por la Administración central, que alegó que la situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de guardia municipal que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció "como derivada de accidente de trabajo, no puede reputarse que sea consecuencia de un acto de terrorismo", ya que no existe sentencia firme que así lo haya declarado.

LA PENSION EXTRAORDINARIA

La Sala de lo Social del TSJPV recuerda que el artículo 64 de la Ley 33/1987 de Presupuestos Generales del Estado, establece que "toda persona que resulte incapacitada permanentemente para el trabajo servicio, o fallezca como consecuencia de actos de terrorismo, causará pensión extraordinaria" en su propio favor o en el de sus familiares.

Además, subraya que, en su desarrollo, se dictó el Real Decreto 1576/1990 del 7 de diciembre, que regula la concesión de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo en el sistema de la seguridad Social.

En este sentido, el alto Tribunal vasco recuerda que "la recta interpretación de esa norma" no exige que, para poder ser beneficiario de ese tipo de prestación, exista una previa sentencia firme que haya declarado como acto terrorista el sufrido por la víctima.

Además, recuerda que "su finalidad es dar protección económica reforzada a quienes sean víctimas de actos de terrorismo, dado que supeditarlo a la existencia de una sentencia firme que así lo declarase, privaría de protección a un buen número de víctimas de actos de esta naturaleza y, en todo caso, dilataría extraordinariamente la recepción del beneficio".

Tras recordar todos los hechos, afirma que, de éstos, "emana con nitidez la vinculación causal entre la situación generadora de la incapacidad permanente total para su profesión habitual reconocida al demandante y los actos de terrorismo de los que ha sido víctima".

El alto Tribunal vasco subraya que el seguimiento del que había sido objeto el policía municipal estaba destinado "a constituir un posible objetivo de ETA", como demuestra el hecho de que "su nombre figure en la documentación de dos de los comandos de esta organización terrorista".

AMENAZA TERRORISTA

"Con independencia de que no conste que ésta hubiera decidido ya efectuar un atentado dirigido contra él, su entorno personal o sus bienes, ese control supone en sí mismo, una vez que se conoce por el afectado, una amenaza para su persona efectuada con fines terroristas", destaca.

Asimismo, recuerda que la Sala de lo Social, a través de una sentencia de octubre de 2007, también confirmó el derecho a la pensión extraordinaria a otro agente municipal de San Sebastián, que había sido "puesto en cuestión por el abogado del Estado por considerar" que la situación en la que se encontraba el agente "no provenía de un acto terrorista".

A este guardia local también se le había reconocido, con anterioridad, la incapacidad permanente absoluta por trastorno crónico debido a estrés postraumático y depresión mayor "derivados de las comunicaciones recibidas por las autoridades policiales por haber aparecido sus datos personales en la documentación intervenida" al mismo policía municipal acusado de pertenecer a ETA. De esta forma, figuró como objetivo en documentación incautada en un piso de Burdeos de ETA en el año 2003 y del comando Zartako en 2001.

Por todo ello, desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de la Administración del Estado, y condena al Ministerio de Economía y Hacienda al pago de las costas causadas por el recurso, incluido los honorarios del abogado del agente.