BRUSELAS, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular rechazó hoy el informe preliminar de la misión de la Eurocámara que visitó las obras de soterramiento de la M-30 en Madrid por su "carácter subjetivo" y por no basarse en "razonamiento jurídico o técnico alguno". En contraste, el PSOE, IU y los Verdes apoyaron el texto y reclamaron a la Comisión que prosiga con el expediente contra este proyecto por no haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental.
El informe, elaborado por la parlamentaria verde danesa Margrete Auken y el socialista irlandés Proinsias de Rossa, pide que el Gobierno de Madrid compense a los vecinos perjudicados, y reclama que se cambie la ubicación de las chimeneas extractoras y que se tomen medidas para reducir la contaminación sonora que provoca el proyecto. La comisión de Peticiones de la Eurocámara debatió por primera vez el texto y abordará de nuevo la cuestión en su próxima reunión de octubre.
El eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, criticó que "no hay por donde coger este informe". "El contenido tiene un carácter subjetivo de mera opinión de los comisionados, que no son consecuencia de un razonamiento jurídico o técnico alguno", dijo.
Recordó además que el Ayuntamiento ya ha propuesto a la Comisión Europea una "solución" consistente en someter a evaluación de impacto ambiental los tramos no iniciados, que suponen más de un tercio del total, y en poner en marcha "medidas de protección ambiental en el resto".
Iturgaiz recalcó que el informe no aclara qué normas europeas en concreto se han infringido al redactar y tramitar los proyectos. En muchos puntos del texto, señaló, los autores "no hacen sino trasladar el punto de vista de quienes se oponen al proyecto municipal".
Apuntó, como ejemplo, que las opiniones de la ministra Cristina Narbona contra el proyecto que aparecen en el texto lo son "a título personal", porque el ministerio de Medio Ambiente "nunca ha señalado al Ayuntamiento de Madrid de manera formal o informal que el proyecto estaba sometido a evaluación del impacto ambiental".
El eurodiputado popular insistió en que el informe "no analiza los problemas jurídicos de interpretación y aplicación del derecho europeo" que, a su juicio, no pueden limitarse a un "juego semántico" sobre si una carretera puede ser calificada o no como una calle.
"Es un problema de aplicación de la ley y no de uso del lenguaje", dijo Iturgaiz. Añadió que el Ayuntamiento ha recibido todas las autorizaciones necesarias, que además "han sido refrendadas por hasta cinco resoluciones de tribunales españoles".
El eurodiputado del PSOE, Carlos Carnero, aseguró que el informe recoge "la realidad". "Ha habido un intento muy claro por parte del Gobierno anterior, del señor Aznar, del Gobierno de la señora Aguirre y del Gobierno local que encabeza el señor Gallardón para tomar el pelo a la ciudadanía tratando de hacer pasar como una calle urbana lo que es una autovía".
Carnero señaló que aún se está a tiempo para realizar una declaración de impacto y "corregir esta obra en lo que hay que hacerlo: localización de las chimeneas, efectos sobre la contaminación atmosférica, contaminación acústica, cauce del río".
En los mismos argumentos incidió el representante de Izquierda Unida, Willy Meyer. "Estamos ante una de las burlas más claras de intentar esquivar las directivas europeas", señaló. A su juicio, existe una "pugna" entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid sobre la oportunidad o no de realizar la declaración de impacto para ver "quien queda más quemado entre uno y otro".
Por su parte, el parlamentario del grupo de los Verdes, David Hammerstein, arremetió contra la Comisión Europea, y su tardanza a la hora de proceder con el expediente contra la M-30 por "llegar siempre tarde, con los hechos consumados, en el momento de la autopsia".
Uno de los ponentes del texto, Proinsias de Rossa, insistió en que la Eurocámara "no puede dictar a las autoridades madrileñas cómo y donde pueden llevar a cabo proyectos de infraestructuras", sino que se trata de una cuestión de "examinar si los proyectos cumplen o no con la legislación comunitaria".
Insistió en que las obras de soterramiento constituyen un "proyecto enorme" que no puede calificarse como la reforma de una calle, y dijo que las autoridades regionales y locales realizaron un "cambio arbitrario" en la denominación para "evitar la evaluación de impacto y sortear los requisitos de la legislación europea".
De Rossa aseguró que el alcalde de Madrid se mostró "muy abierto" a tomar las medidas necesarias para respetar la legislación comunitaria, "más que las autoridades regionales", a las que criticó porque ningún representante político de alto nivel se reunió con la misión durante su visita a la M-30.
"La Comisión debe insistir en que se haga una evaluación de impacto sobre la parte de las obras que no se ha concluido y también sobre las que ya se han completado para adoptar medidas correctoras para limitar el impacto sobre las viviendas más cercanas, evitar un deterioro de la calidad del aire, mitigar la polución acústica y restaurar plenamente el río", concluyó.
